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| El portavoz del PP, Gabriel Maestre, interviene en el pleno de este viernes |
La situación económica de las arcas municipales y las iniciativas con las que el Equipo de Gobierno pretende hacer frente a la deuda del Consistorio han centrado el debate del pleno celebrado en el Ayuntamiento de Cartaya, que ha aprobado un conjunto de medidas recogidas en el Plan de Ajuste Municipal y que permitirán, a juicio del alcalde, Juan Polo, “garantizar la viabilidad de la institución, optimizar los servicios públicos y adecuar la plantilla municipal a la “gravísima situación económica” del Consistorio, sin subir los impuestos a los ciudadanos e introduciendo una mejora en la gestión del agua y de la recogida de residuos sólidos urbanos que vendrá aparejada de una reducción de un 10% en la factura del agua”, según informó el Consistorio local en nota de prensa.
Con este último argumento justificó Polo la aprobación, con el voto favorable del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) y de UPyD, y el rechazo de los grupos PSOE e IU, el último trámite que implica la salida definitiva de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) y de Giahsa que, según explicó el primer edil “adeuda al Consistorio más de 4 millones de euros, un dinero que que lleva dos años prometiendo, que nunca llega y que corresponde a los ciudadanos de Cartaya, que además están pagando 52.000 euros mensuales de préstamo e intereses por el mismo”. En este sentido, anunció que se abre el proceso de adjudicación de la gestión del ciclo integral del agua y de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos, en el que se impondrá a las nuevas concesionarias “una rebaja del recibo del agua de un 10%; recibo que además será bimensual, para no ahogar a los ciudadanos con pagos constantes”. Además, señaló, “se abrirá una oficina en Cartaya para facilitar las gestiones de los vecinos, que se ampliará con otra en la zona de playas durante el verano; y el Ayuntamiento se compromete a asumir a los trabajadores de Cartaya en Giahsa que sean necesarios para mantener el servicio”.
Para el portavoz del Equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, “los reiterados incumplimientos de compromisos por parte de MAS y Giahsa han sido los principales motivos por los que el Ayuntamiento se ha visto obligado a buscar otras vías que permitan prestar un mejor servicio, más eficaz, más barato y de más calidad”. En la misma línea se posicionó la portavoz de UPyD, María del Carmen García, que aseguró que “MAS es un ejemplo de mal funcionamiento y mala gestión de una empresa pública, modelo de despilfarro y enriquecimiento partidista” y abogó por “una gestión del agua limpia, honesta y eficaz”.
El grupo municipal socialista, por su parte, aseguró que “la salida de Cartaya de la Mancomunidad, además de suponer la privatización de un servicio público, “va a tener un coste caro para los cartayeros” y solicitó que “el expediente se envíe al Tribunal de Cuentas para que el proceso sea lo más transparente posible”. En la misma línea se posicionó el portavoz de IU, Miguel Ángel Gea, que reiteró que “este grupo siempre va a defender que el agua es un bien público y que debe administrarse como tal, con transparencia”.
Finalmente el primer edil cerró el debate recordando que “son ya muchos los ayuntamientos que han dado este paso, como Lepe, Bollullos o Moguer, sin coste para las arcas municipales” y asegurando que el expediente de salida del Ayuntamiento de Cartaya “se ha realizado con luz y taquígrafos, comunicando cada paso a la MAS y de una forma totalmente pulcra y legal”.
AJUSTES MUNICIPALES
Además, el Pleno aprobó adecuar las tasas y precios públicos al coste de los servicios, algo que el portavoz del Equipo de Gobierno justificó “porque es una exigencia del Plan de Ajuste, que establece que los servicios no pueden ser deficitarios si queremos superar la situación de ruina de este Ayuntamiento, porque lo establece la Ley de Haciendas Locales y porque las tasas y precios públicos, que están muy por debajo de las de los municipios del entorno, no se actualizaban desde 2.004”. Añadió al respecto que “nos vemos obligados a cubrir el coste de algunos servicios, de los que se benefician los usuarios de los mismos, para poder mantenerlos, pero cumplimos el compromiso adquirido de no subir los impuestos, con el objetivo de beneficiar y de no asfixiar a la totalidad de la ciudadanía”.
La medida contó con el apoyo del grupo municipal de UPyD, que la considera “necesaria dado el escenario actual de crisis económica”; y el rechazo del grupo municipal socialista y de IU, en contra de subir los precios públicos.
Más tenso fue el debate a raíz del anuncio, por parte del Alcalde de que la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento de las exigencias del Plan de Ajuste, ha aprobado la amortización de 17 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Cartaya. La iniciativa, que el primer edil calificó como “tremendamente dolorosa”, obedece “a criterios estrictamente económicos, derivados de la necesidad de tomar medidas para cumplir el equilibrio presupuestario y evitar la intervención de la institución por parte del Ministerio de Economía y Hacienda”. Cifró en más de medio millón de euros el ahorro que supondrá y aseguró que “tomamos esta decisión por responsabilidad y después de haberla demorado todo lo posible, adoptando en el último año numerosas medidas de ahorro que nos han permitido detener la sangría en la que se habían convertido las cuentas municipales y mantener la plantilla hasta ahora, pero de cara a las previsiones de 2013 el plan nos impone una reducción de la masa salarial a la que no hay otra forma de hacer frente, porque de lo contrario el riesgo de quiebra técnica de este ayuntamiento es real”.
En esta aseguró que “este Equipo de Gobierno está haciendo un esfuerzo para reducir al máximo los despidos” y destacó que “nuestro objetivo es no tener que abordar más amortizaciones de puestos de trabajo”.
El portavoz municipal señaló “que es absolutamente inviable mantener la plantilla actual, por cuanto los ingresos netos previstos en este Ayuntamiento son de 8,5 millones de euros, de los cuales 8 se van en gastos de personal, y tenemos que prestar servicios a 20.000 ciudadanos”. En contra de la medida se posicionó el grupo municipal socialista, que presentó una moción “contra el desmantelamiento de los servicios públicos” que considera que esta supone, “puesto que se reduce personal en agricultura, deportes o educación y desaparecen departamentos como el de inmigración”, y argumentó que tras los despidos “hay razones ideológicas”. Estos mismos argumentos fueron utilizados por el portavoz de IU que criticó con dureza “la política de personal que siempre ha caracterizado a este Ayuntamiento” y que aseguró que la medida irá en menoscabo de los servicios públicos. La portavoz de UPyD, por su parte, solicitó “los criterios objetivos que se han seguido para la reducción de plantilla” y pidió “realismo” al resto de la Oposición, por cuanto, aseguró “no se puede recortar y a la vez mantener e incluso mejorar los servicios públicos”.
Finalmente, el alcalde garantizó que “no habrá reducción de servicios públicos, sino optimización y adaptación de los mismos a la realidad presupuestaria de este Ayuntamiento, puesto que algunos de los que se prestaban en la legislatura anterior acumulan impagos de hasta dos años, que estamos abordando ahora”. Y en la misma línea se posicionó Maestre, que aseguró que “es muy fácil arruinar un Ayuntamiento y exigir ahora que se mantengan intactos los servicios públicos”. La moción socialista fue rechazada con el voto en contra del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) y de UPyD, y favorable de PSOE e IU.
Finalmente, señalar que al debate asistieron representantes de UGT de Huelva con una pancarta contra los despidos.
