Sevilla, 19.01.15.- El exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, uno de los imputados en el caso de los ERE fraudulentos, ha advertido a la juez que investiga el mismo, Mercedes Alaya, que se encuentra al borde de la “pura indigencia”.
Por ello, le ha pedido a la magistrada que le conceda una pensión alimenticia de 1.840 euros mensuales a fin de atender "sus necesidades más básicas". Y es que, hasta ahora, Fernández ha contado con la “benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos”.
El abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, pide a la juez que fije dicha pensión de alimentos con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada, según informó Europa Press.
Tras su ingreso en prisión, Fernández "fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo" como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, "habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social", según añadió el letrado.
Así las cosas, se le "han cerrado todas las puertas" y sus intentos de encontrar trabajo han resultado "inútiles", a lo que se suma el "agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar", por todo lo cual el exconsejero "carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas", según reza el escrito enviado a Alaya.
El exconsejero salió de prisión en agosto de 2012, tras permanecer cuatro meses, y después de haber depositado una fianza de 450.000 euros. La juez, además de definir a Fernández como autor intelectual, entre otros, del "sistema operativo" de las ayudas investigadas, le imputa seis delitos, entre ellos, negociación prohibida a funcionario, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.
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