Un total de 22 personas (14 españoles y el resto nigerianos) han sido detenidas por parte de la Policía Nacional tras la desarticulación de una red que ha concertado más de medio centenar de matrimonios de conveniencia, sobre todo de ambas nacionalidades, y que se habrían celebrado por el rito canónico, para lo que los delincuentes aportaban testigos y los cursillos prematrimoniales.
La Policía Nacional, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha señalado que a los detenidos de esta red, que operaba en diversas regiones del país, se les acusa de pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
En concreto, los detenidos cobraban entre 500 y 3.000 euros por concertar matrimonios ilegales a través de un entramado criminal que se comenzó a investigar tras detectarse la proliferación en varias parroquias de Murcia de celebraciones de matrimonios canónicos entre ciudadanos nigerianos y españoles. Después, se utilizaba la documentación generada por estos actos para la regularización administrativa del contrayente extranjero.
El análisis de la documentación presentada determinó que en la mayor parte de esos matrimonios aparecía un falso domicilio común de los contrayentes, que en muchas ocasiones ni siquiera existía físicamente. Además, el perfil del contrayente español estaba vinculado al ámbito de la marginalidad, y las personas que constaban como testigos figuraban a su vez como contrayentes en otros expedientes matrimoniales similares.
Entre los documentos falsos detectados aparecían certificados de bautismo, certificados de cursillos prematrimoniales y documentos expedidos por autoridades nigerianas tales como declaraciones de edad o de estado civil y pasaportes nigerianos.
La Policía Nacional, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha señalado que a los detenidos de esta red, que operaba en diversas regiones del país, se les acusa de pertenencia a organización criminal, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
En concreto, los detenidos cobraban entre 500 y 3.000 euros por concertar matrimonios ilegales a través de un entramado criminal que se comenzó a investigar tras detectarse la proliferación en varias parroquias de Murcia de celebraciones de matrimonios canónicos entre ciudadanos nigerianos y españoles. Después, se utilizaba la documentación generada por estos actos para la regularización administrativa del contrayente extranjero.
El análisis de la documentación presentada determinó que en la mayor parte de esos matrimonios aparecía un falso domicilio común de los contrayentes, que en muchas ocasiones ni siquiera existía físicamente. Además, el perfil del contrayente español estaba vinculado al ámbito de la marginalidad, y las personas que constaban como testigos figuraban a su vez como contrayentes en otros expedientes matrimoniales similares.
Entre los documentos falsos detectados aparecían certificados de bautismo, certificados de cursillos prematrimoniales y documentos expedidos por autoridades nigerianas tales como declaraciones de edad o de estado civil y pasaportes nigerianos.
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