OPINIÓN || Al final del día a uno le da la sensación, en efecto, que la vivida este 11 de noviembre ha sido una huelga a golpe de porra. Y que ha habido más cargas de la Policía que paro laboral. Algo tendrá que decir Marlaska al respecto.
Para CCOO y UGT, la jornada ha sido un éxito. Para la patronal, un fracaso. El PP la considera una convocatoria política y electoralista. Cada cual arrima el ascua a su sardina, como suele ocurrir cuando hay una huelga y, además, un calendario electoral a la vuelta de la esquina.
Pero basta con salir a la calle para comprobar que la repercusión ha sido muy escasa. La actividad industrial y algunos sectores estratégicos sí han acusado aunque de forma tímida los paros, pero en buena parte de la vida cotidiana la sensación ha sido otra. La sanidad ha registrado una incidencia más limitada, el comercio ha funcionado en buena medida y el consumo apenas ha ofrecido señales de un parón generalizado. En educación también ha habido diferencias importantes según territorios y centros.
En definitiva, los ciudadanos han seguido haciendo buena parte de lo que hacen cualquier miércoles: trabajar, comprar, acudir a sus citas médicas y llevar a los niños al colegio.
Lo que sí ha tenido una repercusión considerable, al menos en las imágenes que han trascendido, ha sido la actuación policial. Mercamadrid, las cocheras de autobuses y algunas calles de Madrid como la Gran Vía han sido escenario de cargas, porrazos y utilización de gas pimienta. Hay heridos, detenidos y sindicatos que anuncian acciones legales contra lo que consideran una actuación desproporcionada.
Que la Policía tenga que garantizar el orden público y evitar que los piquetes impidan trabajar a quienes no quieren secundar una huelga es algo perfectamente razonable. El derecho a la huelga no puede convertirse en una obligación para los demás. Pero tampoco el uniforme concede patente de corso. La proporcionalidad debe ser una exigencia permanente, especialmente cuando se trata de garantizar derechos fundamentales.
Y aquí aparece un nombre propio: Fernando Grande-Marlaska. El ministro del Interior, que antes de la jornada había ordenado actuar contra los piquetes violentos y garantizar el funcionamiento de las infraestructuras y los mercados, tendrá que explicar si considera que el dispositivo desplegado y las actuaciones que hemos visto se ajustan a esas instrucciones y a los criterios de proporcionalidad exigibles.
Porque no deja de resultar llamativo que un Gobierno que acostumbra a reivindicar los derechos de los trabajadores tenga que enfrentarse ahora a las denuncias de los sindicatos que han convocado la huelga. Unai Sordo y Pepe Álvarez no son precisamente dos desconocidos para el Ejecutivo.
Al final, quizá la imagen que mejor resuma este 11-N no sea la de una fábrica parada ni la de una calle desierta. Puede que sea la de un policía levantando la porra frente a un manifestante. Y eso debería invitar a una reflexión que va más allá de las cifras de seguimiento.
Una huelga se mide por su capacidad de paralizar un país, por sus reivindicaciones y por el respaldo que consigue entre los trabajadores. Pero también por la manera en que una democracia protege el derecho a protestar, incluso cuando la protesta incomoda.
Y si al final del día se habla más de las cargas policiales que de las reivindicaciones que motivaron la convocatoria, alguien tendrá que preguntarse si se ha gestionado bien algo más que el dispositivo de seguridad.
