Los españoles tenemos una curiosa habilidad para convertir cualquier debate incómodo en una guerra de trincheras. Basta con pronunciar la palabra "bajas" para que unos escuchen "recortes", otros oigan "fraude" y nadie se detenga un minuto a mirar las estadísticas. Mientras tanto, los datos siguen ahí, imperturbables, recordándonos que el absentismo y las incapacidades temporales han alcanzado niveles que hace apenas unos años parecían difíciles de imaginar.
Alberto Núñez Feijóo decidió entrar en ese jardín con la delicadeza de quien aparca un tractor en un invernadero. Sus declaraciones sobre que quienes están de baja no deberían cobrar siempre el salario íntegro provocaron un terremoto político casi instantáneo. El PP trató después de matizar el mensaje y de centrar el foco en el fraude y en la sostenibilidad del sistema, mientras Juan Bravo y otros dirigentes rebajaban el tono.
El propio Juanma Moreno optó por un prudente perfil bajo, al igual que Borja Sémper, y Elías Bendodo evitó alimentar una polémica que ya corría sola. Quien sí eligió la discreción fue Juanma Moreno Bonilla —y también otros dirigentes territoriales como Fernando López Miras o Alfonso Fernández Mañueco—, conscientes de que, en política, hay incendios que es mejor no avivar.
Pedro Sánchez, por supuesto, no dejó escapar la ocasión. Encontró un regalo político inesperado. El presidente convirtió las palabras de Feijóo en el mejor argumento para presentar al PP como un partido dispuesto a recortar derechos laborales. Y lo hizo con la eficacia de quien sabe que, en campaña permanente, un titular vale más que una explicación de diez minutos. El Gobierno ganó el relato en cuestión de horas.
Pero entre tanto ruido quedó sepultada una realidad bastante menos ideológica. España sí tiene un problema creciente con las bajas laborales. No porque la mayoría sean fraudulentas —sería una afirmación imposible de sostener—, sino porque las cifras son objetivamente muy elevadas y su impacto económico supera ya varias decenas de miles de millones de euros al año. Influyen el envejecimiento de la población activa, las listas de espera sanitarias, la salud mental, determinadas patologías musculoesqueléticas y, cómo no, los posibles abusos puntuales que cualquier sistema soporta. Negar cualquiera de esas causas es tan poco riguroso como atribuirlo todo al fraude.
Quizá el verdadero problema sea otro. En España hemos conseguido que resulte más peligroso hablar del problema que el problema mismo. Si alguien plantea revisar el sistema, inmediatamente es acusado de querer que la gente trabaje con fiebre. Si alguien defiende las bajas médicas, otros le reprochan que ampara el absentismo. Y así seguimos, cómodamente instalados en el blanco o negro, mientras los grises —que suelen parecerse mucho más a la realidad— esperan pacientemente a que algún político decida mirarlos.
Porque al final, en este país, discutir sobre cómo reducir unas cifras objetivamente preocupantes parece mucho más difícil que soportarlas año tras año. Y quizá esa sea la auténtica enfermedad de nuestra política: no las bajas laborales, sino la incapacidad crónica para debatirlas sin convertirlas en un campo de batalla electoral.
(Publicado en Huelva Hoy)
No hay comentarios:
Publicar un comentario