Porque el balance de estos ocho años no es precisamente menor. Sánchez llegó al poder en 2018 levantando la bandera contra la corrupción y prometiendo regeneración. Ocho años después, su Gobierno y su partido llegan a las urnas rodeados de causas judiciales, condenas y escándalos que han afectado a algunos de sus colaboradores más próximos. Ábalos y Santos Cerdán han terminado ante los tribunales; los escándalos de su hermano y su esposa, y el fiscal general del Estado que él nombró, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos y se marchó con el rabo entre las patas.
A eso se añade una legislatura sostenida con una aritmética parlamentaria cada vez más complicada, la dependencia de Junts, la polémica amnistía y un hecho insólito: tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.
Y, sin embargo, Sánchez vuelve a jugar. La pregunta es qué busca.
Puede intentar salvar los muebles, conservar un grupo parlamentario potente y preparar desde la oposición el siguiente ciclo político. O puede pensar que todavía existe una posibilidad de volver a sorprender, movilizar a la izquierda y convertir la vivienda y el miedo a un Gobierno de PP y Vox en el salvavidas que necesita.
Y queda la apuesta más arriesgada: un golpe de suerte que le permita seguir en La Moncloa.
Porque si algo ha demostrado Sánchez en estos ocho años es que nunca da una partida por perdida antes de jugarla.
Ahora le queda la última. Y esta vez no decidirán los socios de investidura, ni Junts, ni las negociaciones de despacho. Decidirán los españoles.
