El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), ha comparecido a primeras hora de la mañana ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 ayamontino para explicar su vinculación con la supuesta trama de anomalías urbanísticas en el núcleo urbanístico de Isla Canela.
El propio Rodríguez Castillo ha confirmado que ha acudido al juzgado a declarar aunque, eso sí, ha precisado que por recomendación de su abogado, no iba a decir nada más, según ha informado Canalcosta TV.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, según ha informado hoy Huelva Información.
Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto al edil desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal ayamontina en años anteriores -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, desembocaron en la práctica de un inesperado registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado.
Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos vinculados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.
Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.
El propio Rodríguez Castillo ha confirmado que ha acudido al juzgado a declarar aunque, eso sí, ha precisado que por recomendación de su abogado, no iba a decir nada más, según ha informado Canalcosta TV.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, según ha informado hoy Huelva Información.
Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto al edil desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal ayamontina en años anteriores -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, desembocaron en la práctica de un inesperado registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado.
Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos vinculados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.
Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.
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