Denuncian "pasividad" de la Administración frente a la pesca ilegal pese a la condena de la UE

Los ecologistas han criticado que las Administraciones autonómica y central sigan permitiendo la pesca ilegal en aguas del Golfo de Cádiz pese a que, meses atrás, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, condenó a España por este mismo motivo.
Más en concreto, las autoridades comunitarias han sancionado que no se controle la pesca en dicho caladero, en especial el desembarco y la comercialización de pescados de talla inferior a la reglamentaria.
La sentencia señala que nuestro país no destina los medios humanos necesarios para inspección y no castiga adecuadamente a los infractores. En ella se recogen datos “escandalosos”, según ha destacado Ecologistas en Acción, como que sólo en medio centenar de los casi quinientos expedientes tramitados de 2000 a 2005 por la Junta de Andalucía se retiró el pescado de talla antirreglamentaria.
Esta organización denuncia que en este caladero se siguen empleando artes ya prohibidas como el arrastre con tren de bolos, que el cerco invade sistemáticamente el área de reserva pesquera en busca de alevines de boquerón y que el marisqueo ilegal está arrasando las zonas intermareales.
“Es increíble”, lamentan los ecologistas, que la Secretaría General del Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) haga público que las medidas de control y vigilancia pesquera de España son la “vanguardia” de Europa y, poco tiempo más tarde, nos encontremos con esta sentencia.
Por todo ello, el colectivo conservacionista exige a las Administraciones competentes la adopción de medidas concretas y urgentes que palien esta práctica ilegal, debido a los daños que está causando al caladero.
Recientemente se conoció que la pesca ilegal mueve entre 3.000 y 10.000 millones de euros al año en todo el mundo, según denunció la Comisión Europea (CE), que lleva a cabo desde hace unos años una ofensiva contra dicha actividad ilícita.
Frente a esas cifras, cabe señalar que el valor de los desembarques legales efectuados por la flota comunitaria fue de 6.800 millones de euros en el año 2004.