Un portavoz de la Guardia Nacional Republicana (equivalente a la Guardia Civil española) confirmó este "refuerzo", aunque declinó precisar de cuántos agentes y unidades está compuesto y cómo se desarrolla la operación ante el riesgo de perjudicar "la eficacia del servicio".
Con su decisión de intensificar la vigilancia en esta vía Portugal pretende poner fin a los incidentes ocurridos desde que se convirtiera en autopista de pago, el pasado 8 de diciembre.
El último de ellos se produjo en la noche del pasado viernes, cuando fue quemada una caja de comunicaciones que contenía los cables de fibra óptica a través de los que se transmite la información recogida por los pórticos electrónicos.
Tres días antes, un vigilante de seguridad se acercó a un vehículo sospechoso y sus ocupantes hicieron disparos de escopeta que impactaron en los cristales de otro automóvil con el resultado de un trabajador de la empresa concesionaria herido leve. Los sabotajes comenzaron el lunes de la semana pasada, cuando fueron tiroteadas las cámaras de otro de los pórticos repartidos a lo largo de la autopista e incendiada la estructura donde están instalados los equipos informáticos del sistema de cobro.
La policía lusa ha abierto una investigación por todos estos incidentes, todavía sin resultados. Además de la autovía A-22, también se han convertido en autopistas la A-23 (que atraviesa la región del Alentejo), la A-24 (colindante con Galicia) y la A-25 (fronteriza con Salamanca). Transportistas, empresarios del sector turístico, usuarios y vecinos de los municipios afectados -tanto del lado portugués como del lado español- han hecho público su rechazo a esta medida, que supone un coste de entre 11 y 19 euros por trayecto.
El sistema de cobro, que no permite el pago en metálico ni con tarjeta de crédito, supone una complejidad añadida para los conductores de vehículos extranjeros, que deben elegir entre adquirir previamente un bono de prepago o alquilar el dispositivo electrónico que utilizan los ciudadanos portugueses.
El Gobierno luso justifica los nuevos peajes por la necesidad de reducir la deuda de la empresa pública que gestiona las carreteras del país y ayudar así a rebajar el déficit estatal, como le exigen las condiciones del rescate financiero que firmó en mayo.
El sistema de peajes recoge, sin embargo, exenciones y descuentos para los ciudadanos lusos, que han llevado a la Unión Europea de Transportistas por Carretera a presentar una denuncia contra el Ejecutivo luso ante la Comisión Europea.
La asociación considera, como otras entidades afectadas, que la norma discrimina a los conductores por su lugar de nacionalidad o residencia, lo que no está admitido en la normativa europea.
El secretario general del PSOE de Huelva y presidente-portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado este lunes en Ayamonte que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, va a plantear en la eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo-Badajoz, que "en la medida de lo posible se dé marcha atrás" en la instauración del peaje por parte del Gobierno portugués en la autovía del Algarve, y que el Estado luso "repiense lo que está haciendo porque no tiene ningún aspecto positivo".
En declaraciones a los periodistas antes de una reunión con el eurodiputado socialista Luis Yáñez; el secretario general de Fenadismer, Juan Antonio Millán; el alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez, y con agentes económicos y sociales de la zona, para analizar la implantación del peaje en la autovía del Algarve (A-22), Jiménez ha hecho hincapié en que se trata de "una mala decisión que va contra del interés general del Algarve, de Huelva y de Andalucía".
Por otro lado, el portavoz socialista ha indicado que el peaje es "un elemento que no tiene ningún aspecto positivo ni desde el punto de vista recaudatorio, pues supone un lastre y una menor utilización de esta infraestructura, ni económico, ya que va a ser un daño importante para las empresas portuguesas y españolas".
No obstante, en el caso de que no se consiguiera, ha abogado por que desde la UE se arbitre "un mecanismo de compensación que permita a los empresarios españoles resarcirse de esa situación que es claramente negativa", unos empresarios que "tienen que ser defendidos por parte del Gobierno español y la UE porque están en una situación de desventaja", ha concluido, a la par que ha valorado el trabajo de Yáñez y del alcalde de Ayamonte.
Por su parte, el eurodiputado socialista Luis Yáñez ha hecho hincapié en que la UE tiene que tratar este asunto del peaje porque "va en su espíritu y filosofía, que es acabar con las fronteras", refiriéndose a la implantación del peaje, por lo que se ha mostrado a disposición de los alcaldes y empresarios en el Parlamento para convocar reuniones y hacer preguntas, ya que, ha añadido, "en el clima de Bruselas no está muy bien visto" este tema.
"Entre Portugal y España desde hace 30 años no hay problemas y a partir de hoy ambos países tienen el mismo color político, por lo que debería aprovechar esta circunstancia", ha enfatizado.
Apuesta por un acuerdo
Esta medida, ha añadido, es "negativa no sólo para Huelva sino también a medio y largo plazo para los ciudadanos de Portugal", por lo que ha insistido en que dada la relación entre España y Portugal "tan fluida y buena, lo mejor sería un acuerdo entre ambos gobiernos y buscar un arreglo a esta situación".
Yáñez ha señalado a su vez que están estudiando tratar el asunto desde el ámbito jurídico, pero "tardaría más tiempo, por eso buscamos una vía política del perjuicio que puede causar".
Por su parte, el secretario general de Fenadismer, Juan Antonio Millán, ha hecho hincapié en que los transportistas españoles "lo tienen muy claro, Portugal le está haciendo mucho daño a la región y la única forma de resarcirlo es sentarse a dialogar, negociar y dar marcha atrás", algo que Millán ha considerado "indispensable porque no nos basta ninguna otra solución".
A su juicio, la eurorregión tiene que "quedar libre de peajes, seguir avanzando en la cohesión, en la libre circulación, en el intercambio de personas y mercancías, en potenciar el turismo y el comercio".
“Toque de atención” a Portugal
Por ello, ha insistido en que Europa "tiene que darle un toque de atención porque Portugal está incumpliendo la directiva del establecimiento del peaje".
Por último, el alcalde de Ayamonte ha pedido a través de un escrito, remitido al presidente de la Comisión Europea (CE), Durao Barroso; al vicepresidente segundo y comisario de Competencia, Joaquín Almunia; al presidente electo del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que la localidad "esté presente en cualquier mesa o plataforma donde se discuta este asunto con el Gobierno portugués".
Del mismo modo, ha reclamado que desde la UE se tomen las medidas legales necesarias "para eliminar sistema de peaje que rompe la cohesión territorial y atenta contra uno de los principales principios, que es la libre circulación de personas", ya que, a su juicio, no es justo que "los transportistas españoles vayan a tener que pagar, mientras que los portugueses circularán libremente por Andalucía".
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