El grupo Ecologistas en Acción se ha personado como acusación popular en el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 3 de Ayamonte para investigar la existencia de una presunta trama de corrupción urbanística en Isla Canela.
Los ecologistas han venido denunciando en los últimos años la tendencia urbanística que se ha seguido en la zona al considerar que ha supuesto, en muchos casos, un atentado contra el medio ambiente.
Mientras tanto, según informó semanas atrás el periódico El Mundo de Andalucía, la empresa Isla Canela fue una de las entidades llegó a pagar cantidades de hasta 30.000 euros a la ONG Ayamonte Solidaria que investiga la Guardia Civil y a través de la que, presuntamente, se blanqueaba dinero.
La Policía Judicial sospecha que dicha organización no gubernamental pudo utilizarse para blanquear más de medio millón de euros procedentes de comisiones que se hacían pasar por donaciones. La citada cantidad habría sido desviada a Guatemala vía Miami.
En cualquier caso, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva no encuentra "base penal" en los posibles cohechos de la presunta trama de corrupción urbanística de Isla Canela y considera que sería más adecuado que el procedimiento judicial se llevara por la vía contencioso-administrativa.
Por ende, a finales de 2011 solicitó al juez que instruye la causa, el titular del Juzgado nº 3 de Ayamonte, la apertura de piezas separadas que permitieran la segregación de dos asuntos que, a juicio del fiscal de Medio Ambiente Alfredo Flores, "son bien distintos: por una parte el urbanístico propiamente dicho y, por la otra, el de la ONG" Ayamonte Solidaria.
Pero todo quedó en una petición formal de desglose del procedimiento "sin éxito", según señaló Huelva Información, pese a que, a su juicio, "si no se abren piezas separadas, no será eficaz y ágil la investigación".
Los ecologistas han venido denunciando en los últimos años la tendencia urbanística que se ha seguido en la zona al considerar que ha supuesto, en muchos casos, un atentado contra el medio ambiente.
Mientras tanto, según informó semanas atrás el periódico El Mundo de Andalucía, la empresa Isla Canela fue una de las entidades llegó a pagar cantidades de hasta 30.000 euros a la ONG Ayamonte Solidaria que investiga la Guardia Civil y a través de la que, presuntamente, se blanqueaba dinero.
La Policía Judicial sospecha que dicha organización no gubernamental pudo utilizarse para blanquear más de medio millón de euros procedentes de comisiones que se hacían pasar por donaciones. La citada cantidad habría sido desviada a Guatemala vía Miami.
En cualquier caso, la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva no encuentra "base penal" en los posibles cohechos de la presunta trama de corrupción urbanística de Isla Canela y considera que sería más adecuado que el procedimiento judicial se llevara por la vía contencioso-administrativa.
Por ende, a finales de 2011 solicitó al juez que instruye la causa, el titular del Juzgado nº 3 de Ayamonte, la apertura de piezas separadas que permitieran la segregación de dos asuntos que, a juicio del fiscal de Medio Ambiente Alfredo Flores, "son bien distintos: por una parte el urbanístico propiamente dicho y, por la otra, el de la ONG" Ayamonte Solidaria.
Pero todo quedó en una petición formal de desglose del procedimiento "sin éxito", según señaló Huelva Información, pese a que, a su juicio, "si no se abren piezas separadas, no será eficaz y ágil la investigación".
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