El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, comparecerán el día 3 de agosto en la comisión de investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) del Parlamento autonómico.
La primera sesión de comparecencias, en mañana y tarde, se producirá el día 23 de este mes con el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz y exasesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz; entre otros.
Por su lado, el ex director general de Empleo de la Junta, el onubense Juan Márquez, fue puesto ayer en libertad por la juez Alaya después de prestar declaración durante dos días. Y es que ninguna de las partes personadas en el caso ha solicitado la prisión para el imputado, aunque, eso sí, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros. A ello se ha adherido el PP y el sindicato Manos Limpias.
Sin embargo, la Junta de Andalucía, personada como acusación, había pedido una fianza civil de 3,5 millones por las ayudas concretas a las empresas Packsur, Río Grande, Virgen del Espino y por los intrusos Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
A la salida de la sala de vistas, Márquez se abrazó, conteniendo la emoción, con su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y los letrados que más le han apoyado en estos dos días de declaración. "¿De verdad me puedo ir?", preguntó.
La primera sesión de comparecencias, en mañana y tarde, se producirá el día 23 de este mes con el exdiputado del PSOE en el Parlamento andaluz y exasesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz; entre otros.
Por su lado, el ex director general de Empleo de la Junta, el onubense Juan Márquez, fue puesto ayer en libertad por la juez Alaya después de prestar declaración durante dos días. Y es que ninguna de las partes personadas en el caso ha solicitado la prisión para el imputado, aunque, eso sí, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros. A ello se ha adherido el PP y el sindicato Manos Limpias.
Sin embargo, la Junta de Andalucía, personada como acusación, había pedido una fianza civil de 3,5 millones por las ayudas concretas a las empresas Packsur, Río Grande, Virgen del Espino y por los intrusos Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón en Calderinox.
A la salida de la sala de vistas, Márquez se abrazó, conteniendo la emoción, con su abogado, Manuel Pérez Cuajares, y los letrados que más le han apoyado en estos dos días de declaración. "¿De verdad me puedo ir?", preguntó.
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