Huelva, 10.03.16.- Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Huelva a cuatro altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta dentro de una nueva fase de la ‘Operación Edu’ en relación con el presunto fraude de los cursos de formación, que afectan al Gobierno andaluz.
En concreto, los detenidos son Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE, José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo, José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE.
Todos están acusados de la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta nueva fase de la operación ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Huelva.
Se estima que los fondos públicos concedidos por las personas investigadas ascendió a 12.175.248 euros de los que, de momento, los investigadores de la UDEF han podido acreditar 2,9 millones defraudados.
Estos nuevos arrestos suponen una ampliación de la ‘Operación EDU’ (concretamente la que se bautizó como ‘Eduende’) una vez que los jueces que asumieron el caso en cada una de las provincias afectadas han continuado con sus investigaciones en torno a este presunto fraude masivo. Las fuentes consultadas precisan que esta nueva fase afecta ya a los más altos responsables de cada provincia.
La estrategia de la UDEF en esta investigación ha consistido en avanzar de abajo arriba de la ‘pirámide’ del presunto fraude. Los expertos policiales, comenzaron por la base, entrevistándose con miles de alumnos o profesores que participaron en los cursos, también se investigaron centenares de empresas. El resultados de esas averiguaciones ha dado lugar a detenciones que ya afectan a personas que tenían poder de decisión.
En el marco de la investigación, según informó Europa Press, la Policía acusa a Eduardo Manuel Muñoz de manejar el organismo de forma arbitraria y atendiendo a sus intereses personales e incluso apartó a los funcionarios que no comulgaban con sus actividades.
La Policía le acusa de controlar directamente a qué empresas se les daba las subvenciones sin tener en cuenta si cumplían los requisitos exigidos por Ley.
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