No estamos hablando de una avería que retrasa un viaje, de una incidencia que provoca malestar entre los pasajeros o de una jornada complicada para los usuarios del ferrocarril, que es lo habitual para quienes deciden utilizar un tren en España. Estamos hablando de vidas humanas. De familias destrozadas. De personas que salieron de casa sin imaginar que el trayecto más cotidiano podía convertirse en el último. De padres, hijos, hermanos y amigos que ya no volverán.
Y mientras el dolor se extiende por todo el país, las palabras de nuestros responsables políticos se suceden con una rapidez que contrasta con la lentitud con la que llegan algunas respuestas.
Pedro Sánchez ha calificado de «inasumible» que España sufra dos accidentes ferroviarios de esta dimensión en un mismo año. Tiene razón. Es inasumible. Pero la cuestión es qué hará después para evitar que tragedias de este tipo se repitan. Cualquier ciudadano entiende que una tragedia puede producirse incluso cuando se han tomado todas las precauciones. Lo que no puede aceptar sin más es que, después de un accidente de semejante gravedad, el país vuelva a verse sacudido por otro sin que hayamos conseguido despejar las dudas que dejó el anterior.
Por su lado, Óscar Puente habla de un suceso «inexplicable». Una palabra que, en boca del ministro responsable de Transportes, lejos de tranquilizar, abre todavía más interrogantes. Si algo resulta inexplicable, lo primero que cabe exigir es que se explique. Y si, como ha señalado el propio ministro, se tomó una decisión de circulación que no debió adoptarse en aquellas circunstancias, habrá que determinar por qué ocurrió, qué falló y quién debe responder por ello.
Porque Adamuz sigue ahí. Sigue en la memoria de un país que todavía no ha encontrado todas las respuestas. La investigación de aquel accidente, que costó 46 vidas, continúa abierta y las informaciones conocidas durante estos meses han puesto sobre la mesa dudas importantes acerca de la infraestructura y de los sistemas de detección de posibles roturas de carril. También se han formulado advertencias y reclamaciones para que se adopten medidas de seguridad. No son asuntos menores que puedan despacharse con una declaración institucional y pasar después a la siguiente noticia.
Y aquí aparece una cuestión especialmente incómoda: durante estos nueve meses, trabajadores ferroviarios y representantes sindicales han venido trasladando advertencias sobre problemas e incidencias que, a su juicio, comprometían la seguridad y el buen funcionamiento del servicio. Sus denuncias no demuestran por sí solas que exista una relación entre esas advertencias y los accidentes. Eso deberá esclarecerlo la investigación técnica. Pero sí plantean una obligación ineludible para quienes gestionan el sistema: escuchar a los profesionales, estudiar cada aviso y actuar cuando exista un riesgo.
Quienes conocen las vías, conducen los trenes, mantienen las instalaciones y trabajan a diario en la red ferroviaria no pueden convertirse en meros figurantes cuando llegan las desgracias. Sus advertencias deben ser atendidas antes, no recordadas después. Y si se han ignorado avisos relevantes, alguien tendrá que explicar por qué. La seguridad no puede depender de la suerte.
La política tiene una responsabilidad que va mucho más allá de administrar la conmoción del día. Gobernar también consiste en anticiparse, escuchar a quienes alertan de los problemas y garantizar que los servicios públicos funcionan con las máximas condiciones de seguridad. Y cuando sucede una tragedia de esta magnitud, la obligación es doble: esclarecer lo ocurrido y actuar para reducir el riesgo de que vuelva a suceder.
Por supuesto, habrá que esperar a que los investigadores determinen las causas del accidente de Adamuz y las de esta nueva tragedia. Sería irresponsable señalar culpables sin pruebas. Pero sería igualmente irresponsable utilizar esa necesaria cautela para aplazar las preguntas sobre el estado de la red, las decisiones adoptadas y las advertencias que se hayan podido producir.
Porque aquí no se trata de ganar una batalla política ni de aprovechar el dolor para ajustar cuentas partidistas. Se trata de algo mucho más elemental: que viajar en tren no se convierta en una preocupación permanente para millones de personas. Que los profesionales puedan trabajar con garantías. Que las familias no tengan que despedir a sus seres queridos después de una catástrofe que nadie supo evitar.
Más de un centenar de vidas perdidas entre dos accidentes ferroviarios de esta magnitud en apenas nueve meses constituyen una llamada de atención que ningún Gobierno puede permitirse ignorar. No sabemos todavía todas las causas. Precisamente por eso necesitamos una investigación rigurosa, explicaciones claras y decisiones concretas.
Una vez que se hayan atendidos todos los heridos e identificados los fallecidos, la prioridad será esclarecer, prevenir y asumir responsabilidades, que aquí -pase lo que pase- nadie las asume Todo lo demás, sobre todo el poliqueo barato de unos y otros, sobra.
