La Fiscalía Provincial de Huelva ha decidido el archivo de las diligencias abiertas contra el Ayuntamiento de Ayamonte y su ex alcalde socialista, Rafael González, por posible prevaricación en la construcción de 350 viviendas en una parcela reservada a zona verde en la playa de Isla Canela, según cuentan hoy varios digitales.
Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso a Efe, el archivo se ordena por estimar el fiscal, tras la práctica de las diligencias, que "los hechos no revestían carácter de delito", al tiempo que apunta que debe de ser la jurisdicción contencioso administrativa la adecuada para discernir sobre la legalidad del instrumento urbanístico empleado.
La apertura de diligencias tuvo lugar en septiembre de 2009 tras recibir la Fiscalía la denuncia de un ciudadano anónimo por correo ordinario sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la urbanización de Isla Canela (Ayamonte) que según el denunciante habían tenido lugar desde 2004 a la actualidad.
Posteriormente, a finales de ese mismo año el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte y Ecologistas en Acción denunciaron los mismos hechos, imputando delitos concretos de prevaricación no sólo a González sino a funcionarios y técnicos.
Se indicaban la posibilidad de que se hubiera incurrido en delitos por irregularidades urbanísticas derivadas de la modificación del planeamiento mediante un instrumento no válido para ello el "estudio de detalle" y la alteración y modificación de las zonas verdes en perjuicio del interés público, por lo que se consideran ilegales amparadas en las modificaciones establecidas por estudio.
Se denunciaban también delitos de prevaricación por la decisión del alcalde, en 2004, de aprobar el estudio de detalle con informes técnicos y jurídicos favorables pero "dictados a sabiendas de su ilegalidad y con intención de prescindir del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo".
Tras el desarrollo de las diligencias informativas, en los que la Fiscalía ha encargado informes tanto a la Unidad de delitos urbanísticos del Seprona de la Guardia Civil como a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, ésta ha decidido archivar la causa al entender que "no existen indicios de delito".
Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso a Efe, el archivo se ordena por estimar el fiscal, tras la práctica de las diligencias, que "los hechos no revestían carácter de delito", al tiempo que apunta que debe de ser la jurisdicción contencioso administrativa la adecuada para discernir sobre la legalidad del instrumento urbanístico empleado.
La apertura de diligencias tuvo lugar en septiembre de 2009 tras recibir la Fiscalía la denuncia de un ciudadano anónimo por correo ordinario sobre presuntas irregularidades urbanísticas en la urbanización de Isla Canela (Ayamonte) que según el denunciante habían tenido lugar desde 2004 a la actualidad.
Posteriormente, a finales de ese mismo año el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ayamonte y Ecologistas en Acción denunciaron los mismos hechos, imputando delitos concretos de prevaricación no sólo a González sino a funcionarios y técnicos.
Se indicaban la posibilidad de que se hubiera incurrido en delitos por irregularidades urbanísticas derivadas de la modificación del planeamiento mediante un instrumento no válido para ello el "estudio de detalle" y la alteración y modificación de las zonas verdes en perjuicio del interés público, por lo que se consideran ilegales amparadas en las modificaciones establecidas por estudio.
Se denunciaban también delitos de prevaricación por la decisión del alcalde, en 2004, de aprobar el estudio de detalle con informes técnicos y jurídicos favorables pero "dictados a sabiendas de su ilegalidad y con intención de prescindir del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo".
Tras el desarrollo de las diligencias informativas, en los que la Fiscalía ha encargado informes tanto a la Unidad de delitos urbanísticos del Seprona de la Guardia Civil como a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Obras Públicas, ésta ha decidido archivar la causa al entender que "no existen indicios de delito".
3 comentarios:
Menuda ristra de mentiras. ¿Os creeis que somos bobos? El fiscal se ha alvado las manos para no ser él quien inicie el procedimiento. Cualquier ciudadano puede iniciarlo porque no ha sido juzgado por ningún tribunal. A ver si nos enteramos de lo que significan las resoluciones de los distintos órganos de la justicia y en que momento procesal se encuentran. Mucho hablar, pero ni idea de loq ue se habla.
Cuidado anónimo, que no te ciegue la pasión: poner en tela de juicio a los jueces y creer que vale más lo que diga un anónimo y el del PP que la resolución que adopte la Fiscalía es muy grave...
Se podrá compartir o no las decisiones judiciales pero de ahí a decir que el Fiscal se lava las manos...
Por favor, yo de ser político nunca me gustaría a mi lado tener un psujeto como el anónimo anterior, y dicho con todo respeto...
a ver: aceptemos que la justicia ha archivado todo lo que denunciaron el anónimo, el del pp y unos cuantos ecologistas, que no todos, porque algunos no están de acuerdo con meter la justicia en la política...
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