De este modo lo han anunciado los propios mineros, quienes reconocen que han puesto a fin a la protesta debido a que la administración regional ha respondido a su principal reivindicación, es decir, "desbloquear la cesión de derechos administrativos de explotación de la mina".
Estos obreros, que han estado encerrados cinco días en un pozo minero de unos 200 metros de profundidad y con una humedad que ronda el 80 por ciento, se encuentran "bien", pero con las secuelas propias de un encierro, como dolores de cuello o rodilla.
Los mineros iniciaron el encierro el jueves a las 09,00 horas y le han puesto fin al mismo este lunes pasadas las 15,30 horas.
Este paso dado por la Junta, uno de los más demandados por los trabajadores del sector y por los ayuntamientos de la comarca, constituye parte de un procedimiento reglado por la normativa minera que requiere, en primer lugar, la acreditación legal del solicitante que permite evaluar la solvencia técnica y económica de un proyecto minero viable.
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, mantuvo un encuentro con alcaldes de la Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera de Huelva para informarles de este avance.
Ávila ha explicado que en el caso de Riotinto, el procedimiento es más complejo porque el titular de los derechos administrativos de explotación es Minas de Riotinto, S.A, cuya representación la ostenta en la actualidad la Comisión Liquidadora.
Sin embargo, Emed Tartessus, actual propietaria de la mayoría de los terrenos donde se encuentra el yacimiento, es quien solicita su explotación. Esta compañía ha requerido en numerosas ocasiones la conformidad de la citada Comisión Liquidadora como actual titular de los derechos, sin que ello fuera posible y mostrando ésta una obstaculización continuada en el proceso. Por ese motivo, con fecha 1 de febrero la Administración andaluza con el fin de una correcta gestión del dominio público minero, se dirigió expresamente a la citada Comisión, instándole a pronunciarse sobre este asunto. Como consecuencia de esta solicitud y del análisis de los escritos recibidos, la Junta de Andalucía ha concluido que se puede continuar con el procedimiento de transmisión de derechos.
Una vez solventado este escollo de tipo legal, los trámites de autorización continúan con el análisis técnico, los informes y evaluaciones ambientales, y el análisis económico del proyecto presentado, que además deberá analizarse por parte de diversos organismos especializados como se ha hecho con otros proyectos mineros de similares características. Del mismo modo, los avales de restauración y garantías sociales correspondientes deberán ser depositados de forma previa a la autorización del inicio de los trabajos de reapertura. Ávila ha remarcado que la puesta en marcha de la actividad minera deberá realizarse con todas las garantías técnicas de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo como es lógico todos los requisitos marcados por ley.
Estos avales de carácter social, exigidos para otros proyectos que han entrado en explotación en los últimos años, cobran una especial importancia para el caso concreto de Riotinto, pues la viabilidad de un yacimiento que está muy explotado y es de baja ley (0,5% de cobre, frente al 6,6% de Cobre Las Cruces o el 1,7% de Aguas Teñidas) estará fuertemente condicionada por las oscilaciones de precios en el mercado de los metales. Por tanto, es probable que experimente periodos de actividad y de cierre. Por este motivo, el consejo ha señalado que a la empresa se le exigirán garantías sociales suficientes para que ésta asuma en exclusiva las correspondientes compensaciones en los periodos de inactividad.
La Junta de Andalucía, como administración competente en la gestión del dominio público minero, tiene un interés manifiesto en la explotación sostenible de los recursos minerales en el territorio de la comunidad autónoma, y de hecho en los últimos años ha autorizado la puesta en marcha de proyectos de minería metálica de envergadura, tales como Cobre las Cruces en Sevilla o Aguas Teñidas en Huelva, que han supuesto una inversión superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 1.500 puestos de trabajo.
Asimismo, Ávila ha señalado que la intervención de la Junta en el desbloqueo de la tramitación de derechos forma parte del compromiso de la Administración andaluza con la comarca minera de Riotinto. En este sentido, y para diversificar la economía de la zona en el marco de una estrategia de economía sostenible, se desarrollan acciones que pretenden atraer inversiones para facilitar la creación de empleo estable tanto en el sector de la minería como en otros.
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