Un total de diez personas han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntos miembros de una compleja red que ofrecía sus servicios a grupos de narcotraficantes que operaban en la provincia de Huelva y cuyo 'cabecilla' es vecino de El Rompido. El entramado contaba con sofisticados sistemas tecnológicos con los que controlaban los movimientos de los vehículos y embarcaciones de la Guardia Civil.
El Ministerio del Interior ha informado en una nota que entre los diez detenidos hay dos guardias civiles y un vigilante de seguridad.
Estos tres miembros de la trama se servían de sus puestos para aportar información y llegaron a causar daños en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), con el objetivo de dejar una zona sin servicio para facilitar la entrada de droga. También instalaron dispositivos electrónicos de control de movimientos en once vehículos.El máximo responsable de esta red es un vecino de El Rompido, de sólo 33 años y relacionado con el narcotráfico en la Costa de Huelva. La investigación se han prolongado durante más de siete meses y ha permitido la identificación de todos los miembros de la trama.
Una de las claves de actuación del grupo desarticulado era que contaba con la participación de dos guardias civiles destinados en la Comandancia de la capital y con las informaciones que facilitabaun vigilante de seguridad, destinado en la Agencia Tributaria, que trabajaba en el muelle del Tinto, desde donde vigilaba los movimientos de las patrulleras .
El control de los movimientos llegó incluso a las propias patrullas del SIVE, ya que llegaron a instalar dispositivos de localización tanto en las patrulleras de Guardia Civil como en la del Servicio de Vigilancia Aduanera. Estos datos eran completados con la información de los posibles operativos, que eran conocidos por los tres agentes infiltrados.
Tal era su grado de medios técnicos, que los miembros de esta organización utilizaban gafas con sistema de grabación o bolígrafos grabadores para visionar posteriormente si había miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las inmediaciones.
En el transcurso de las investigaciones se impidió la distribución de un cargamento de casi 2.500 kilos de hachís.
Las investigaciones, realizadas con el respaldo del Juzgado de Instrucción número dos de Ayamonte, la Fiscalía Antidroga y el apoyo de la Guardia Civil, culminaron con la desarticulación de una organización que se servía de un complejo entramado para facilitar el tráfico de cantidades importantes de hachís con destino a España.
En los ocho registros realizados se decomisaron balizas, tres armas de fogueo y una pistola del calibre 6,35, dos escopetas paralelas del calibre 12, dos revólveres del calibre 38 especial, y abundante munición. También se han decomisado numerosos teléfonos móviles y tarjetas de telefonía, tres vehículos y 41.000 euros en efectivo.
Asimismo, se intervino sofisticado material de vigilancia como prismáticos de largo alcance, teleobjetivos y ocho equipos de onda corta para transmisiones y varias cámaras fotográficas y de vídeo de alta resolución.
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