Sevilla, 13.04.13.- El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha ofrecido al Gobierno central que haga "extensivo" el Decreto andaluz de Función Social de la Vivienda a toda España, para que no sean "solamente los andaluces" los que tengan la protección adicional del derecho a la vivienda que les brinda el Ejecutivo autonómico, sino "todos los españoles".
En una nueva entrada publicada en su blog con el título 'Proteger los derechos de los más débiles es una responsabilidad de todos', el presidente andaluz ha recordado que "Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que cuenta con una Ley de Derecho a la Vivienda", aprobada en 2010 y que "regula este derecho que está en la Constitución y que entre todos debemos hacer efectivo".
Con el nuevo decreto, según Griñán, el Gobierno andaluz adapta esta Ley a la "circunstancia de las personas que pueden perder su vivienda y que se van a encontrar en gravísima situación de exclusión social", de forma que cuando su vivienda queda en manos de bancos "quepa la expropiación de uso" a las entidades financieras y que las familias afectadas "puedan sustituir la propiedad por un contrato de arrendamiento de hasta tres años que les permita mantenerse con el uso y disfrute de esa vivienda".
Junto a la paralización de los desahucios "que provocan pobreza y exclusión social", José Antonio Griñán ha hecho hincapié en que el decreto favorecerá la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías que existen en Andalucía para satisfacer la demanda, "incentivando" a los propietarios en el caso de las personas físicas y sancionando a las entidades financieras e inmobiliarias que tienen pisos vacíos y que, pasado un tiempo, no las alquilen.
El jefe del Ejecutivo andaluz ha dejado claro que "no es la última medida que va a tomar el modelo andaluz" en este terreno porque "la crisis dura y a lo largo de los años se está produciendo mucha desigualdad y mucha exclusión social".
"Es misión del Gobierno andaluz seguir legislando para que esas personas que van perdiendo sus oportunidades y esperanzas encuentren por parte de la Administración la protección necesaria y suficiente", ha recalcado.
La legalidad y el encaje constitucional
Griñán ha defendido la legalidad del Decreto de Función Social de la Vivienda porque el Tribunal Constitucional dictaminó, ya en 1987 y con ocasión de un recurso presentado contra la reforma agraria andaluza, que "el derecho a la propiedad privada tiene como parte fundamental la utilidad social de la propiedad".
"No hay un derecho de propiedad en el que no se pueda respetar el uso social que ha de darse al bien del que se es propietario y mucho más cuando estamos hablando de viviendas", ha destacado José Antonio Griñán, que ha remarcado que, de acuerdo con esta jurisprudencia del Constitucional, "la función social de la propiedad no es un límite del derecho de propiedad, sino una condición" que no se puede escindir de este derecho.
Por este motivo, la sentencia de 1987 establecía que era constitucional expropiar el uso de fincas cuyos propietarios no las ponían en cultivo y en este caso de "viviendas que no son puestas a disposición de los ciudadanos, también cabe la expropiación para evitar un mal mayor".
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