El año pasado abrió 118 expedientes sancionadores para luchar contra el intrusismo en el sector del taxi, según ha informado hoy un comunicado de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Las sanciones impuestas están cuantificadas en 1.501 euros cada una y en caso de reincidencia o especial gravedad por la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, el perjuicio causado o la repercusión social la infracción puede castigarse con una cuantía de 4.601 euros.
De hecho, de los 161 expedientes tramitados desde 2012, en 78 se aplicó la multa máxima y en otros 83 se penalizó la infracción con la sanción más leve.
Por provincias, en Almería y Cádiz se han registrado 34 sanciones, respectivamente; en Granada cuatro, en Huelva 15, en Jaén siete, en Málaga 48 y en Sevilla un total de 19. En Córdoba no se han tramitado expedientes por ese concepto.
Esta sanción suele ir acompañada del precinto del vehículo infractor, aunque esta medida no puede llevarse a cabo hasta la tramitación completa del expediente y debe ser ejecutada por la Subdelegación del Gobierno central.
El comunicado ha recordado que el intrusismo en el sector del taxi no sólo supone un grave perjuicio económico para los profesionales regulados, sino que también deja desprotegido al consumidor que, en algunos casos, es absolutamente desconocedor de que el conductor no cuenta con el permiso reglamentario.
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