Al mismo tiempo –añade el digital-, fuentes conocedoras en profundidad de los entresijos de la instrucción han trasladado a andalucesdiario.es su convencimiento en el mismo sentido: piensan que Alaya dará antes del 1 de agosto el paso de promover la imputación de los dos dirigentes. Lo piensan pero no están seguras al cien por cien de lo que hará la jueza: “Lo que hará finalmente solo lo sabe ella y nadie más”.
Andalucesdiario.es explica al respecto que, aunque algunos consejeros del Gobierno andaluz también comparten ese convencimiento, otros compañeros del Consejo piensan, en cambio, que Alaya no tramitará esas imputaciones de aforados porque “se le hundiría el sumario”, dado que entonces la parte del caso que afecta a los aforados pasaría al Supremo y la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla perdería precisamente el interrogante de la instrucción que con más ahínco intenta despejar: que los dos últimos presidentes del Gobierno andaluz, los consejeros y viceconsejeros de Empleo y de Hacienda durante la década de 2000, diversos altos cargos de esos departamentos y el propio interventor general de la Junta en esos años merecen ser procesados por prevaricación y malversación de fondos públicos por haber aprobado o consentido ese procedimiento de concesión de ayudas. La jueza está convencida de que el Gobierno andaluz ideó ese procedimiento sin fiscalización previa para poder dar dinero a quien considerara oportuno hacerlo.
En este sentido, precisa que personas con altas responsabilidades en el partido socialista y en el Gobierno andaluz creen que Alaya formulará su petición al Supremo el próximo miércoles, 31 de julio, víspera de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del caso Bárcenas de corrupción en el Partido Popular.
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