El acusado, que estuvo al frente de la asociación once años, se apropió de casi medio millón de euros.
Ahora, se le impone una condena de dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer cargo alguno relacionado con la administración de empresas y gestión de fondos, por malversación de caudales públicos y un segundo delito de falsedad en documento oficial.
Según ha confirmado dicho diario, para fijar la pena se han tenido en cuenta como atenuantes la confesión de los hechos – los admitió ante el Primera Instancia e Instrucción 1 de Ayamonte, encargado de la causa- y la reparación del daño –devolvió a la asociación los 480.000 euros que había desviado para uso particular-.
No hay comentarios:
Publicar un comentario