El programa ha comenzado a partir de las 15.30 horas, presentado por Amàlia Sebastián e Iñaki Espeso y posteriormente por Maribel Vilaplana, quien ha advertido: "hasta que la pantalla vaya a negro, aquí estaremos" y ha añadido: "los trabajadores han dicho basta". La decisión de la sustitución de la programación se ha llevado a cabo sin oposición de la directora general, Rosa Vidal, que ya ha hecho público que no va a "pilotar" la extinción de la sociedad pública tras la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrarla.
Durante esta jornada, la televisión pública ha introducido cortinillas en sus espacios con el lema 'No es tanca. #RTVV no es tanca' ('No se cierra. #RTVV no se cierra'), en los que con imágenes reflejan que sin los medios públicos autonómicos los valencianos no pueden estar informados de sus fiestas o situaciones atmosféricas que les afecten, entre otros.
"No podemos ni queremos rendirnos, hasta que la pantalla vaya a negro aquí estaremos", ha expresado Vilaplana, quien ha explicado que
con este programa se pretende que "sepan lo que ha pasado y lo que nos ha llevado a esta situación, lo que ha llevado a la sociedad valenciana a quedarse sin televisión" por una "decisión unilateral" del Consejo.
En esta línea, ha destacado que el programa se presenta como una "mesa abierta", en la que trabajadores de la cadena se han desplazado a lugares históricos representativos de Valencia, Castellón y Alicante, a los que emplazan a los valencianos, instituciones, asocaciones y representantes ciudadanos a acercarse para ofrecer su opinión.
Por su lado, el Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana ha animado a los ayuntamientos, organizaciones sociales y cívicas, entidades festeras, clubs deportivos y asociaciones de toda clase a expresar su apoyo al mantenimiento de la sociedad pública, y les ha pedido que les hagan llegar sus acuerdos al correo comite.rtvv.presidencia@gmail.com. Asimismo, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a negociar con los sindicatos.
El Comité ha afirmado en un comunicado que va a continuar trabajando, como ha hecho hasta ahora, para defender una RTVV pública. Sobre la viabilidad y su dimensión, ha emplazado a Fabra y a los grupos parlamentarios a establecer una negociación basada en la sostenibilidad y la rentabilidad social.
Además, ha acusado a Fabra de intentar enfrentar a los trabajadores de RTVV con la sociedad: "no se debe escoger entre sanidad, enseñanza y medios públicos de comunicación. Este Consejo, con sus decisiones, no tiene autoridad moral para poner en ese dilema a los valencianos", opina.
Asimismo, los representantes de los trabajadores han desmentido las declaraciones de Fabra, y han asegurado que "no es cierto" que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que anula el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), comporte un gasto de 40 millones de euros. "Más bien al contrario, la reincorporación inmediata del millar de despedidos supone en estos momentos el reintegro de parte de las indemnizaciones recibidas por los trabajadores, y esto da un margen para negociar un futuro viable", opinan.
Por su lado, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera el cierre de la televisión autonómica valenciana un "duro golpe a la pluralidad informativa" y una "clara muestra de la incapacidad de los políticos para asegurar la existencia de unos medios públicos independientes, transparentes y austeros".
La APM juzga que el "precipitado" cierre de la RTVV es una "clara vulneración de los derechos de los trabajadores, víctimas de una gestión errática, más orientada a satisfacer las exigencias de los políticos de turno que las de los ciudadanos".
"Los políticos deberían comprometerse en garantizar la existencia de unos medios públicos gestionados con rigor y austeridad, dotados de unos servicios informativos comprometidos con la veracidad, la ética y la independencia", ha indicado.
Asimismo, confía en que el comportamiento poco ejemplar de la Generalitat valenciana con RTVV no sirva de modelo al Gobierno autonómico de Madrid para adoptar medidas similares. La APM recuerda que el ERE en Telemadrid y Onda Madrid, que afecta al 80% de la plantilla, está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo sobre la nulidad del expediente dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia.
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