Javier Nart (Ciudadanos), también con cuenta en Suiza

Madrid, 07.05.14.- El abogado Javier Nart, cabeza de lista para las elecciones europeas por Ciudadanos, posee una cuenta en Suiza y además a causa de ello su nombre aparece en el sumario del “caso Palau”, uno de los mayores episodios de corrupción de CiU en la política catalana. ¿Como ha llegado a esta situación? La historia es algo rocambolesca y ciertamente curiosa, pero el candidato Javier Nart debe aclararla a sus potenciales electores para que no quede la menor sombra de sospecha sobre su honradez y limpieza. Su trayectoria hasta ahora inmaculada y su férreo discurso contra la corrupción así lo exigen, según informa espiaenelcongreso.com.

Varios medios de comunicación (El País, Abc, El Periódico de Cataluña, Europa Press, La Voz de Barcelona) descubrieron hace tres años que el abogado Javier Nart aparecía en los “papeles” de Félix Millet, una especie de “Bárcenas” de CiU. El juez Josep Maria Pijuan concluyó la instrucción del sumario y señala que tanto Millet como su amigo Jordi Montull montaron una mafia política cuyo funcionamiento describe en un auto: por parte de CDC (el socio mayoritario de CiU, aliado con UDC), intervinieron en la trama el tesorero y responsable de finanzas de la formación, Carles Torrent -que falleció en marzo de 2005-, su sucesor en el cargo, Daniel Osàcar, imputado en la causa, y el exdiputado Jaume Camps, también imputado. Pero estos 5 “capos” tenían además lugartenientes: el magistrado remarca que también intervinieron “otros altos responsables del partido que ejercieron el necesario ascendiente sobre los cargos públicos de la Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos locales, vinculados al partido, y que tenían la facultad de decidir las adjudicaciones de obra pública”. El resultado del saqueo fue de al menos 5,1 millones de euros en uno de los casos, 15,9 en otro y 46,3 millones en el “pelotazo” de mayor enjundia, el 4% de la obra adjudicada.

Durante al menos 10 años, estos 5 “capos” de la mafia política catalana y los lugartenientes que están aún sin identificar se aliaron con una empresa constructora: “establecieron un acuerdo, que se inició al menos en 1999 y se prolongó hasta 2008-09, con los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, también imputados”. Las obras públicas iban para Ferrovial y el 4% para la mafia del partido de Jordi Pujol y Artur Mas. Seis obras megalómanas sirvieron de “tapadera”: la construcción de la Ciudad de la Justicia (con un presupuesto de 263 millones de euros); varios tramos de la línea 9 del metro de Barcelona por valor de 890 millones; el nuevo pabellón municipal de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), por 4,1 millones; y el revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro, por 2,6 millones. Según el juez, Ferrovial abonaba “por regla general” una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, de forma que el 2,5% iba a parar a CDC y el 1,5% restante a Fèlix Millet -que se quedaba el 80% de esta parte- y Jordi Montull -el 20% restante-.