El 55% de los trabajadores onubenses cobra menos de 426 euros al mes

Huelva, 15.12.16.- Las centrales sindicales UGT y CCOO han manifestado que “no es de recibo que el Gobierno saque pecho y defienda a ultranza las reformas que ha llevado a cabo en los últimos cuatro años cuando nuestro país cuenta con más de cuatro millones de personas en situación de desempleo, de las que la mitad no perciben ninguna ayuda, más de 700. 000 familias tienen a todos sus miembros en paro, el índice de pobreza alcanza el 28,6 por ciento de la población, es decir, 13.334.573 personas viven en riesgo de pobreza y exclusión social, España es el sexto país de la UE con mayor brecha salarial, y ha reaparecido la figura del “trabajador pobre”, según informa Huelva Hoy.

Las consecuencias de todas las medidas adoptadas durante estos años de crisis han sido para beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría de la población, han señalado los sindicatos, por eso “ahora que la economía crece y que las empresas han dejado atrás la crisis, es el momento de que cambie la situación de la gente, de que la riqueza se distribuya de manera más justa, empezando por los que no tienen empleo y siguiendo por los que tienen trabajo precario. Si no hay recuperación de los salarios, no es posible que crezca el empleo y mejore su calidad”.

Asimismo, los sindicatos han criticado las últimas declaraciones de la ministra de empleo en las que afirmaba que “ningún trabajador cobra por debajo del salario mínimo interprofesional”. Para las centrales sindicales, “tales declaraciones muestran una falta de conocimiento absoluto sobre la situación del mercado de trabajo y en su caso de la provincia de Huelva, máxime teniendo en cuenta que el 55% de los trabajadores onubenses cobran menos de 426 euros al mes”.

Finalmente, CCOO y UGT han declarado que “es el momento de presionar, ya que el PP está gobernando en minoría, para conseguir un cambio en el rumbo de la política presupuestaria que ponga en primer lugar a las personas, fomentando un empleo estable y de calidad, garantizar las pensiones y fortalecer las redes de protección social. Y para ello, es necesario una reforma fiscal integral basada en criterios de suficiencia y equidad, y hacer que el crédito llegue de nuevo a las familias y a las empresas con un modelo financiero en el que la banca pública juegue un papel destacado”.