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Efectivos combaten las llamas / UME |
Nuestro país ha encadenado temporadas en las que la superficie arrasada se cuenta por cientos de miles de hectáreas. El monte ruge, los servicios de emergencia se dejan la piel en frentes inabordables y la ciudadanía contempla, entre la impotencia, la rabia y la indignación, cómo se tiñe de negro nuestro patrimonio natural, ese que nos pertenece a todos.
Solemos culpar al termómetro. Algunos de nuestros políticos suelen hablar hasta la extenuación del cambio climático, y los meteorólogos de olas de calor asfixiantes. Otros apuntan al abandono y por tanto falta de limpieza de los montes.
Y sí, es indudable que la meteorología es el cómplice perfecto, el elemento que transforma una chispa en una catástrofe incontrolable.
Pero no nos engañemos: la atmósfera pone las condiciones, pero la mano del hombre pone la llama. Ahí están los datos oficiales que, año tras año, nos recuerdan que más del 70% de los incendios forestales en nuestro país tienen detrás la acción humana directa. Las causas naturales —como los rayos en tormentas secas— apenas representan una minoría de los siniestros.
Y conviene subrayar que la causalidad se divide en dos categorías igual de dolorosas: la negligencia irresponsable y la pura intencionalidad criminal.
Por un lado están quienes miran al cielo con indiferencia y deciden que es buena idea usar maquinaria agrícola en horas críticas, lanzar una colilla por la ventanilla o hacer una quema de rastrojos cuando el viento avisa del peligro.
Pero eso no son accidentes; son imprudencias temerarias que se pagan con miles de hectáreas calcinadas. Y el verdadero cáncer de nuestros bosques es el que actúa con alevosía. Aquellos que, movidos por intereses económicos oscuros, rencillas vecinales, vandalismo o, en el caso de los pirómanos, por un trastorno que les empuja a disfrutar de la destrucción, deciden prender fuego a conciencia.Es aquí donde el sistema tiene que dar un golpe sobre la mesa.
No podemos seguir tratando el terrorismo medioambiental como si fuera un delito menor. Ver cómo alguien que ha provocado la evacuación de pueblos enteros, la muerte de fauna local y la ruina de economías rurales sale a la calle en poco tiempo genera una profunda sensación de desamparo y desprecio por la justicia.
Por tanto, necesitamos, y con urgencia, endurecer el Código Penal y endurecer de verdad las sanciones para quienes destruyen nuestro futuro verde.
El castigo debe ser ejemplarizante. Quien quema el monte de manera intencionada o por una negligencia grave no solo comete un delito contra el medio ambiente; atenta contra la seguridad nacional, contra vidas humanas y contra las generaciones venideras.
Las penas de prisión deben endurecerse sustancialmente y, además, los culpables deben responder con su patrimonio hasta el último céntimo de los millonarios costes de extinción y regeneración de la zona.
Apagar los fuegos no es solo una labor de aviones de carga y bomberos forestales en primera línea de fuego; se apaga también en los tribunales, legislando con valentía y aplicando mano dura.
