El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se asignan, a las consejerías de Obras Públicas y Vivienda; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte, y Medio Ambiente, las funciones, medios, servicios y personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral.
Con este traspaso, que se hará efectivo el próximo 1 de abril con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, la Junta de Andalucía se hace cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha señalado tras el Consejo de Gobierno que el traspaso permitirá reforzar la "excelencia natural y turística" del litoral andaluz y consolidar su papel como un "espacio de oportunidades" que recibe al año seis millones de turistas y acoge tres millones de residentes al año.
Junto con la asignación de medios y funciones, el decreto recoge como una de sus principales novedades, según Díaz Trillo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la Junta creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.
El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.
Las funciones transferidas, que ahora se asignan a las cuatro consejerías con atribuciones en la materia, incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.
Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados 'chiringuitos', así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (por ejemplo, zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). Finalmente, el Real Decreto establece la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica.
Díaz Trillo ha subrayado, entre otras ventajas del traspaso, la simplificación de trámites relacionados con el litoral a través de una ventanilla única en las distintas provincias o la elaboración de planes de playa, en colaboración con los ayuntamientos, que contribuirán a la gestión sostenible de la costa. Asimismo, ha recordado que Andalucía cuenta con 1.100 kilómetros de costa, de los que 600 son playas. De ellos, un 36% (más de 40 enclaves) presenta algún tipo de protección.
Con este traspaso, que se hará efectivo el próximo 1 de abril con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, la Junta de Andalucía se hace cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha señalado tras el Consejo de Gobierno que el traspaso permitirá reforzar la "excelencia natural y turística" del litoral andaluz y consolidar su papel como un "espacio de oportunidades" que recibe al año seis millones de turistas y acoge tres millones de residentes al año.
Junto con la asignación de medios y funciones, el decreto recoge como una de sus principales novedades, según Díaz Trillo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la Junta creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.
El traspaso de las funciones, medios y servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.
Las funciones transferidas, que ahora se asignan a las cuatro consejerías con atribuciones en la materia, incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.
Entre estos permisos figuran los relativos a los llamados 'chiringuitos', así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (por ejemplo, zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). Finalmente, el Real Decreto establece la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica.
Díaz Trillo ha subrayado, entre otras ventajas del traspaso, la simplificación de trámites relacionados con el litoral a través de una ventanilla única en las distintas provincias o la elaboración de planes de playa, en colaboración con los ayuntamientos, que contribuirán a la gestión sostenible de la costa. Asimismo, ha recordado que Andalucía cuenta con 1.100 kilómetros de costa, de los que 600 son playas. De ellos, un 36% (más de 40 enclaves) presenta algún tipo de protección.
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