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| Griñán y Arenas en una imagen en el Parlamento andaluz |
La Junta de Andalucía o, mejor dicho, los andaluces, pagamos la nómina de 253.914 empleados. La Junta, según destaca hoy en El Mundo el periodista Javier Rubio, es el segundo mayor empleador de España.
En este retrato que publica sobre la comunidad, se indica que quien gane en las urnas andaluzas este domingo 25 de marzo se convertirá por derecho propio en el responsable del segundo presupuesto público de España por volumen, sólo por detrás de los Presupuestos Generales del Estado, y gobernará la segunda plantilla más numerosa del país. En ella se incluyen 255 empresas públicas y 263 altos cargos nombrados con total discrección.
El resto de la información sigue así:
Lo que está en juego en Andalucía no son sólo los 32.072 millones de euros presupuestados o el destino de los 253.914 empleados que cobraban de la nómina oficial autonómica a julio de 2011, sino que lo que se vislumbra en el horizonte es un nuevo reparto de cartas autonómicas bien a través de la financiación o de las competencias exclusivas.
Por eso, y por la historia que la llevó a la autonomía plena tras superar un referéndum de condiciones leoninas, Andalucía se ha convertido en la clave del arco autonómico. Lo saben los dos principales partidos y sus líderes, aunque de esto se haya hablado muy poco en campaña. La corrupción y el desempleo de un lado y los recortes en educación y en sanidad del otro han copado el tiempo de debate.
Establecida la importancia del resultado en la política nacional, no hace falta incidir en el carácter decisivo para la propia Andalucía de estos comicios. Por primera vez en la historia autonómica, ha cuajado una alternativa al gobierno hegemónico de los socialistas andaluces y el PP de Javier Arenas le lleva ventaja en todos los sondeos al PSOE de José Antonio Griñán.
Pero la posibilidad de que el partido que ha gozado de la confianza de los andaluces durante ocho mandatos consecutivos sumando 30 años completos de gobierno en solitario (salvo el interludio de la coalición con el PA entre 1996 y 2004) pierda las elecciones, lejos de disparar la efervescencia política, ha empujado a buena parte del electorado a la indiferencia.
Buena culpa de esta falta de entusiasmo colectivo la tiene el hartazgo que se detecta en grandes capas de la población andaluza tras aflorar la ristra de escándalos ligados a la gestión de la Junta de Andalucía y otra parte es atribuible a la situación socioeconómica de la comunidad.
El de los ERE fraudulentos con decenas de intrusos que cobraban prejubilación sin haber trabajado en las empresas es, por volumen, el mayor caso de corrupción política en España: hasta 700 millones de euros gestionados sin supervisión y repartidos de forma discrecional, como ha reconocido el propio ex director general de Trabajo encarcelado.
El vencedor en las elecciones tendrá que enfrentarse a una tasa de paro desbocada por encima del 31,23 por 100 (EPA del último trimestre de 2011), la más alta de España, lo que significa que la cifra de demandantes de empleo en la comunidad autónoma estará a la fecha de las elecciones muy cerca de 1,3 millones de personas.
Andalucía ha destruido muchísimo empleo, tanto como medio millón de puestos de trabajo en números redondos en los cuatro años de crisis coincidentes con la legislatura ahora agotada. Las bases de su también espectacular tirón en los años buenos del ciclo económico resultaron ser demasiado débiles, servicios y construcción aportaron el 82% del crecimiento, como para resistir el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Desmontando la Junta
La comunidad más poblada de España se encomienda otra vez al turismo y a un puñado de empresas punteras para salir de la crisis. Pero antes, gane quien gane, habrá que meterle mano al elefantiásico sector público que la Junta de Andalucía ha construido a su alrededor.
De hecho, los presupuestos para 2012 -construidos sobre objetivos de PIB irreales como ya se ha podido comprobar- presumían una reducción de casi 15.000 empleados públicos respecto a la plantilla en nómina de la Administración autonómica en julio de 2011.
El aparato burocrático de la Administración andaluza es apabullante. Todo es superlativo: trece consejerías, 96 delegaciones provinciales, 263 altos cargos nombrados con total discreción, 255 empresas públicas (Griñán prometió eliminar 110 de un plumazo) con 5.000 millones de coste del que 877 corresponde a gasto de personal, diez universidades públicas, 51 consorcios metropolitanos de transportes o saneamiento de aguas, 4.500 vehículos oficiales y 38.000 líneas de telefonía móvil contratadas por las que la Junta abona una factura mensual de 4,2 millones de euros.
Es verdad que Andalucía no es de las comunidades más endeudadas de España y su déficit presupuestario tampoco está desbocado. Pero también que debe 3.000 millones de euros a proveedores, que ha paralizado prácticamente todas las infraestructuras en ejecución y que ha llevado a cabo recortes en el gasto sanitario porque es dificílmente sostenible en las actuales circunstancias.
Sanidad con dos caras
El gasto medio por habitante es de 1.245 euros, por debajo de la media española situada en 1.288 pero lejos del gasto en comunidades como el País Vasco. La factura sanitaria (8.600 millones de euros) se come prácticamente la tercera parte del presupuesto andaluz pese a la dieta de adelgazamiento (unos 800 millones) a que la ha sometido la Consejería: subasta de medicamentos, congelación de contratos, reducción de salarios y aplazamiento de inversiones y equipamientos.
En la campaña electoral, el PSOE ha presumido de tener el mejor sistema sanitario público de Europa. Tan indudables son los logros en intervenciones punteras, diagnóstico genético preimplantacional y avances terapéuticos de primer nivel como el desmoronamiento de la atención primaria y el caos en las urgencias hospitalarias en determinadas épocas del año.
Junto con la sanidad, la educación es el otro escaparate de la gestión socialista de estos treinta años de gobierno ininterrumpido. En perspectiva, todos los niños andaluces tienen hoy un pupitre donde sentarse y libros de texto gratis en la enseñanza obligatoria y los de Quinto de Primaria hasta disfrutan de 100.000 ordenadores portátiles por cortesía de la Junta.
El escaparate de la Educación
Sólo que esa vitrina está empañada con los resultados del informe PISA, que pone a Andalucía en el furgón de cola de todas las materias que se someten a examen compartiendo baldón con los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas norteafricanas.
Los estudiantes andaluces -aunque se dan acusadísimas diferencias entre colegios públicos y concertados- están por debajo de la media como también lo está el gasto medio por alumno, en el que Andalucía ocupa el farolillo rojo nacional con 5.060 euros (Instituto de Evaluación 2010) anuales frente a los 6.207 de la media nacional y los 9.835 que invierte el País Vasco. También es la comunidad donde hay más alumnos por profesor con 12,2 en el caso de los centros públicos.
La tasa de fracaso escolar es de lo más preocupante pese a su reducción: Andalucía pasó de una tasa de fracaso escolar del 34,2 % en el curso 2006-2007 a otra del 27,3% durante el curso 2008-2009. Los alumnos que se fueron a los albañiles han empezado a volver a las aulas ante la falta de expectativas laborales.
Paro y transferencias de capital
En realidad, cualquier panorama que se dibuje de Andalucía no puede pasar por alto el paro, la gran lacra con la que los andaluces siempre han convivido y que fue causa de la masiva emigración (1.700.000 personas) entre los años 60 y 70 del pasado siglo.
El autogobierno significó el fin de esa angustiosa realidad que hizo mella como ninguna otra en el carácter andaluz. A la autonomía política hay que sumar los más de 70.000 millones de euros que la Unión Europea ha transferido a la comunidad por todos los conceptos (pagos agrícolas, infraestructuras, fondo social, programas de igualdad, etcétera) y que en algunas anualidades del último lustro han representado ni más ni menos que el 10% del presupuesto autonómico y hasta el 3% del PIB de la región, que sigue siendo Objetivo 1.
Sin esas transferencias de renta, la imagen de Andalucía sería hoy bien distinta de la que ofrece. También sin el sistema clientelar y un protagonismo que ahora se ve como excesivo de la Junta de Andalucía en la vida económica de la comunidad. Ese es precisamente el punto de la encrucijada en que están los andaluces ante la votación del 25 de marzo.
En este retrato que publica sobre la comunidad, se indica que quien gane en las urnas andaluzas este domingo 25 de marzo se convertirá por derecho propio en el responsable del segundo presupuesto público de España por volumen, sólo por detrás de los Presupuestos Generales del Estado, y gobernará la segunda plantilla más numerosa del país. En ella se incluyen 255 empresas públicas y 263 altos cargos nombrados con total discrección.
El resto de la información sigue así:
Lo que está en juego en Andalucía no son sólo los 32.072 millones de euros presupuestados o el destino de los 253.914 empleados que cobraban de la nómina oficial autonómica a julio de 2011, sino que lo que se vislumbra en el horizonte es un nuevo reparto de cartas autonómicas bien a través de la financiación o de las competencias exclusivas.
Por eso, y por la historia que la llevó a la autonomía plena tras superar un referéndum de condiciones leoninas, Andalucía se ha convertido en la clave del arco autonómico. Lo saben los dos principales partidos y sus líderes, aunque de esto se haya hablado muy poco en campaña. La corrupción y el desempleo de un lado y los recortes en educación y en sanidad del otro han copado el tiempo de debate.
Establecida la importancia del resultado en la política nacional, no hace falta incidir en el carácter decisivo para la propia Andalucía de estos comicios. Por primera vez en la historia autonómica, ha cuajado una alternativa al gobierno hegemónico de los socialistas andaluces y el PP de Javier Arenas le lleva ventaja en todos los sondeos al PSOE de José Antonio Griñán.
Pero la posibilidad de que el partido que ha gozado de la confianza de los andaluces durante ocho mandatos consecutivos sumando 30 años completos de gobierno en solitario (salvo el interludio de la coalición con el PA entre 1996 y 2004) pierda las elecciones, lejos de disparar la efervescencia política, ha empujado a buena parte del electorado a la indiferencia.
Buena culpa de esta falta de entusiasmo colectivo la tiene el hartazgo que se detecta en grandes capas de la población andaluza tras aflorar la ristra de escándalos ligados a la gestión de la Junta de Andalucía y otra parte es atribuible a la situación socioeconómica de la comunidad.
El de los ERE fraudulentos con decenas de intrusos que cobraban prejubilación sin haber trabajado en las empresas es, por volumen, el mayor caso de corrupción política en España: hasta 700 millones de euros gestionados sin supervisión y repartidos de forma discrecional, como ha reconocido el propio ex director general de Trabajo encarcelado.
El vencedor en las elecciones tendrá que enfrentarse a una tasa de paro desbocada por encima del 31,23 por 100 (EPA del último trimestre de 2011), la más alta de España, lo que significa que la cifra de demandantes de empleo en la comunidad autónoma estará a la fecha de las elecciones muy cerca de 1,3 millones de personas.
Andalucía ha destruido muchísimo empleo, tanto como medio millón de puestos de trabajo en números redondos en los cuatro años de crisis coincidentes con la legislatura ahora agotada. Las bases de su también espectacular tirón en los años buenos del ciclo económico resultaron ser demasiado débiles, servicios y construcción aportaron el 82% del crecimiento, como para resistir el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Desmontando la Junta
La comunidad más poblada de España se encomienda otra vez al turismo y a un puñado de empresas punteras para salir de la crisis. Pero antes, gane quien gane, habrá que meterle mano al elefantiásico sector público que la Junta de Andalucía ha construido a su alrededor.
De hecho, los presupuestos para 2012 -construidos sobre objetivos de PIB irreales como ya se ha podido comprobar- presumían una reducción de casi 15.000 empleados públicos respecto a la plantilla en nómina de la Administración autonómica en julio de 2011.
El aparato burocrático de la Administración andaluza es apabullante. Todo es superlativo: trece consejerías, 96 delegaciones provinciales, 263 altos cargos nombrados con total discreción, 255 empresas públicas (Griñán prometió eliminar 110 de un plumazo) con 5.000 millones de coste del que 877 corresponde a gasto de personal, diez universidades públicas, 51 consorcios metropolitanos de transportes o saneamiento de aguas, 4.500 vehículos oficiales y 38.000 líneas de telefonía móvil contratadas por las que la Junta abona una factura mensual de 4,2 millones de euros.
Es verdad que Andalucía no es de las comunidades más endeudadas de España y su déficit presupuestario tampoco está desbocado. Pero también que debe 3.000 millones de euros a proveedores, que ha paralizado prácticamente todas las infraestructuras en ejecución y que ha llevado a cabo recortes en el gasto sanitario porque es dificílmente sostenible en las actuales circunstancias.
Sanidad con dos caras
El gasto medio por habitante es de 1.245 euros, por debajo de la media española situada en 1.288 pero lejos del gasto en comunidades como el País Vasco. La factura sanitaria (8.600 millones de euros) se come prácticamente la tercera parte del presupuesto andaluz pese a la dieta de adelgazamiento (unos 800 millones) a que la ha sometido la Consejería: subasta de medicamentos, congelación de contratos, reducción de salarios y aplazamiento de inversiones y equipamientos.
En la campaña electoral, el PSOE ha presumido de tener el mejor sistema sanitario público de Europa. Tan indudables son los logros en intervenciones punteras, diagnóstico genético preimplantacional y avances terapéuticos de primer nivel como el desmoronamiento de la atención primaria y el caos en las urgencias hospitalarias en determinadas épocas del año.
Junto con la sanidad, la educación es el otro escaparate de la gestión socialista de estos treinta años de gobierno ininterrumpido. En perspectiva, todos los niños andaluces tienen hoy un pupitre donde sentarse y libros de texto gratis en la enseñanza obligatoria y los de Quinto de Primaria hasta disfrutan de 100.000 ordenadores portátiles por cortesía de la Junta.
El escaparate de la Educación
Sólo que esa vitrina está empañada con los resultados del informe PISA, que pone a Andalucía en el furgón de cola de todas las materias que se someten a examen compartiendo baldón con los dos archipiélagos y las dos ciudades autónomas norteafricanas.
Los estudiantes andaluces -aunque se dan acusadísimas diferencias entre colegios públicos y concertados- están por debajo de la media como también lo está el gasto medio por alumno, en el que Andalucía ocupa el farolillo rojo nacional con 5.060 euros (Instituto de Evaluación 2010) anuales frente a los 6.207 de la media nacional y los 9.835 que invierte el País Vasco. También es la comunidad donde hay más alumnos por profesor con 12,2 en el caso de los centros públicos.
La tasa de fracaso escolar es de lo más preocupante pese a su reducción: Andalucía pasó de una tasa de fracaso escolar del 34,2 % en el curso 2006-2007 a otra del 27,3% durante el curso 2008-2009. Los alumnos que se fueron a los albañiles han empezado a volver a las aulas ante la falta de expectativas laborales.
Paro y transferencias de capital
En realidad, cualquier panorama que se dibuje de Andalucía no puede pasar por alto el paro, la gran lacra con la que los andaluces siempre han convivido y que fue causa de la masiva emigración (1.700.000 personas) entre los años 60 y 70 del pasado siglo.
El autogobierno significó el fin de esa angustiosa realidad que hizo mella como ninguna otra en el carácter andaluz. A la autonomía política hay que sumar los más de 70.000 millones de euros que la Unión Europea ha transferido a la comunidad por todos los conceptos (pagos agrícolas, infraestructuras, fondo social, programas de igualdad, etcétera) y que en algunas anualidades del último lustro han representado ni más ni menos que el 10% del presupuesto autonómico y hasta el 3% del PIB de la región, que sigue siendo Objetivo 1.
Sin esas transferencias de renta, la imagen de Andalucía sería hoy bien distinta de la que ofrece. También sin el sistema clientelar y un protagonismo que ahora se ve como excesivo de la Junta de Andalucía en la vida económica de la comunidad. Ese es precisamente el punto de la encrucijada en que están los andaluces ante la votación del 25 de marzo.
1 comentario:
Que la Junta de Andalucía siempre ha dado trabajo a muchos enchufados lo sabemos todos, pero lo que quizás mucha gente no sepa son los sueldazos que mantienen muchos altos cargos, esto lo leí en el ABC:
Hace dos años saltó el escándalo: El director de RTVA cobraba casi 140.000 euros anuales. El PP puso el grito en el cielo y el PSOE, con Griñán a la cabeza, prometió moderar los sueldos públicos. Esto es: no bajarlos a niveles razonables sino hacerlos todos inferiores a lo que cobra el presidente de la Junta de Andalucía -es decir, unos 81.000 euros anuales, que luego se rebajó en medio de un plan de austeridad-. Con esa cantidad más dietas, explicó el PP, se puede pagar la prestación de desempleo de más de 300 parados durante un año en Andalucía.
Pasado el tiempo, parece que poco se ha hecho en este sentido, puesto que los sueldos de los altos cargos de la Junta de Andalucía que se conocen -que no son todos, puesto que la administración es especialmente opaca en este aspecto- siguen siendo muy altos. Tomando como referencia el sueldo de Griñán, hay al menos cinco cargos con salario superior. Se trata, según han publicado varios medios andaluces, del director de RTVA (139.345 euros al año), el director del Hospital del Poniente (93.002 euros al año), el presidente del Consejo Consultivo (92.531,96 euros anuales), el director de la Agencia de Instituciones Culturales (81.652 euros anuales), el director del Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos -de la Consejería de Educación- (81.694 euros de media al año) y cada uno de los directores operativos (hay tres), del mismo ente (81.694 euros por año).
Cuando el salario medio en Andalucia es de poco más de 16.000 euros anuales y hay un paro que sobrepasa el millón de personas, la excusa que los salarios de los altos cargos socialistas están por debajo de los 80.000 de Griñán suena a chiste. Porque un sueldo de ese calado supone que al mes se cobren más de 6.000 euros, 5.000 más que un andaluz medio.
Sueldos por debajo de Griñán
Aún con sueldos más que generosos, aunque cumpliendo con ser inferiores a los del presidente de la Junta, quedan a la cola del ránking el director del Hospital del Bajo Guadalquivir, que cobra 80.810 euros al año. Le siguen los distintos consejeros de la Junta (79.873,39 euros), el director gerente Agencia de la Obra Pública de Andalucía (79.450 euros por año), el director gerente de Emergencias Sanitarias (que se lleva 77.357 euros al año), el director del hospital Alto Guadalquivir (con una retribución anual de 75.406 euros) , los viceconsejeros de la Junta de Andalucía (70.004,97 euros al año) y el consejero delegado de Egmasa (68.981,78 euros).
Estos son algunos de los mayores sueldos de la Junta de Andalucía:
1. Director general de RTVA: 139.345 euros
2. Director del Hospital del Poniente: 93.002 euros
3. Director de la Agencia de Instituciones Culturales: 81.652 euros
4. Director, Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos -Consejería de Educación-: 81.694 (media)
5. Director operativo (hay tres), Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos -Consejería de Educación-: 81.694 (media)
6. Presidente de la Junta de Andalucía: 81.155 euros
7. Director del Hospital del Bajo Guadalquivir: 80.810 euros
8. Consejero de la Junta de Andalucía: 79.873,39 euros
9. Director gerente Agencia de la Obra Pública de Andlaucía: 79.450 euros
10. Director gerente de Emergencias Sanitarias: 77.357 euros
11. Director del hospital Alto Guadalquivir: 75.406 euros
12. Viceconsejero de la Junta de Andalucía: 70.004,97
13. Consejero delegado de Egmasa: 68.981,78 euros
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