La Junta "obliga" a los abogados a pagar las copias

Aviso a los abogados en un juzgado (Foto: HuelvaYA)

La Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Huelva (ATOH) ha denunciado la política de ahorro de la Junta de Andalucía después de tener conocimiento de que, tanto a abogados como procuradores que quieran tener copia de los expedientes de sus clientes, se les está exigiendo que lleven sus propios folios para fotocopiarlos, pues el juzgado tiene órdenes de la Administración autonómica de reducir todo tipo de gastos.
Concretamente, en el juzgado de menores de la capital se ha colgado el siguiente aviso: "Los letrados que quieran fotocopiar expedientes, deberán venir acompañados de los folios, además deberán hacer solo las que sean totalmente imprescindibles".

Representantes de esta asociación han pedido explicaciones de esta actitud al secretario y a los funcionarios de dicho juzgado, quienes explicaron que "seguían instrucciones" de la Delegación de la Junta de Andalucía.

"Siendo grave esta práctica en todo tipo de procedimientos, más grave resulta que en un juzgado donde se instruyen causas penales, un letrado que no lleve consigo los folios necesarios para hacer las copias del expediente de su cliente, no pueda acceder adecuadamente a lo actuado contra su cliente, lo que supone una gravísima vulneración del derecho de defensa", aseguran desde la ATOH.

Igualmente se pregunta este colectivo si el término justicia gratuita "deberá seguir aplicándose, cuando se ven obligados a solicitar a los clientes de oficio el pago de aquellos gastos que no cubra la administración". En este sentido, aseguran que los letrados "no pueden asumir el coste de los miles de folios anuales que generan los expedientes de los clientes, máxime cuando la administración no paga regularmente los propios servicios".

"Es absolutamente inmoral que los recortes de la Junta se suplan con el bolsillo del letrado, que es el que finalmente tiene que soportar el gasto si no quiere perjudicar a su cliente, sobre todo cuando es justicia gratuita, y ni siquiera se paga el servicio", enfatizan.

El colectivo, aseguran, entiende "la precaria situación" que sufre España y Andalucía, pero ello "no es excusa para vulnerar derechos básicos de los ciudadanos, máxime cuando vivimos en la era tecnológica y existen soluciones prácticas y económicas --fichero electrónico o notificación electrónica-- para este y muchos otros problemas de la administración de justicia, soluciones cuya falta de aplicación se escapa a cualquier mente racional".

Por todo ello, señalan que si esta práctica continúa se verán obligados a adoptar medidas de presión, que irán desde la denuncia de estos hechos ante los órganos correspondientes, hasta la solicitud constante del traslado de expedientes y actuaciones a sus despachos profesionales, con la consiguiente saturación que supondría para los juzgados.