En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado justifican la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, porque la integración de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol no se realizó con la idea de actuar en "un territorio concreto" sino en "diferentes comunidades autónomas".
La Fiscalía, que sostiene que la salida a Bolsa afectó a la totalidad de los inversores, quiere investigar si los gestores de Banca Cívica manipularon las cuentas para crear una aparencia de mayor solvencia de la que realmente presentaba la entidad.
Los hechos investigados podrían ser constitutivos de varios delitos, entre ellos los de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y falsedad de información de carácter económico, según la querella que UPyD presentó a la Fiscalía de Navarra.
La formación magenta, que ejerce la acusación popular en la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, sostenía en su denuncia que estas operaciones fueron avaladas por los 15 miembros del Consejo de Administración y provocaron que el patrimonio de la entidad se viera reducido de 5.000 a 2.800 millones de euros. Además, la denuncia se dirige contra CaixaBank como responsable civil subsidiario.
Eloy Velasco es el único instructor de la Audiencia Nacional que no investiga hasta la fecha a los responsables de una caja de ahorro, ya que en los otros cinco se incoaron diligencias por la gestión del Banco de Valencia, Novacaixagalicia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Bankia y Caja Castilla-La Mancha.
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