Según informan hoy la investigación, llevada a cabo por unidades de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, se inició en junio de 2011 tras haberse desmantelado una red que introducía hachís en nuestro país (mediante avionetas y embarcaciones de alta velocidad).
La segunda fase de la investigación, más laboriosa, ha finalizado con el desmantelamiento del entramado logístico y económico de la organización.
Las actuaciones llevadas a cabo han permitido la obtención de pruebas inculpatorias que permiten establecer la vinculación existente entre el beneficio obtenido de la actividad ilícita y las actividades que desarrollaban los supuestos responsables, las cuales irían más allá de la pura actividad comercial, pasando a convertirse en presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
Se ha conseguido, gracias a un arduo y complejo análisis de los datos obtenidos por parte de los investigadores, identificar un determinado número de empresas pantallas y testaferros a cuyo nombre figuraba la titularidad de los bienes con el fin de evitar su localización e intervención.
Por ello se ha imputado a diez personas físicas y ocho personas jurídicas la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales y se han intervenido 44 inmuebles valorados en más de 7 millones de euros, 24 vehículos de alta gama por valor de más de 530.000 euros y una embarcación deportiva cuyo valor asciende a más de 341.000 euros.
El valor global de todos los bienes que son objeto de esta actuación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico supera los ocho millones de euros.
Las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional a cuyo titular se han puesto a disposición todas las actuaciones.
La detección y represión del blanqueo de capitales generado a partir de los beneficios que genera el contrabando es una actividad clave en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.
Dentro de este ámbito, la Agencia denunció en 2012 un total de 102 presuntos delitos de blanqueo por importe de 237 millones de euros e intervino bienes por valor de 137,5 millones de euros.
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