Insultos de "fea" y hortera" a la jueza Alaya tras la puesta en libertad de los últimos detenidos por los ERE

Sevilla, 11.10.13.- Con gritos de “libertad, libertad” y aplausos han sido recibidos los dirigentes de UGT y CCOO que la jueza Mercedes Alaya ha puesto en libertad con cargos esta madrugada, tras su detención, esta semana, en la ‘operación Heracles’ dentro del caso de los ERE fraudulentos de la Junta.

De igual modo, los sindicalistas concentrados no escatimaron insultos a la jueza Alaya, a la que llamaron «fea», «hortera» e «inquisidora» cuando esta entraba en los juzgados. Entre los concentrados, según señalan diversas crónicas, se encontraba el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla.

Entre los detenidos y posteriormente puestos en libertad se encuentran el secretario general de UGT de Cádiz, Salvador Mera, y el exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO en Andalucía, Roberto Carmona, que han sido acusados de malversación de fondos públicos.

La jueza Alaya también ha dejado en libertad al exgerente del IFA en Sevilla y exdirector del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla Enrique Rodríguez Contreras; el exdirigente de la unión provincial de CCOO en Córdoba Francisco Casado; el empresario Ángel Quesada del Valle, apoderado de Nexprom --propietaria del Hotel Rey Don Pedro en Torremolinos (Málaga)--, y Gerardo de la Cruz, exresponsable de zona de Caja San Fernando en la Sierra Norte de Sevilla.

   Todos ellos han prestado declaración a excepción del exalto cargo de la Diputación, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

   Durante las respectivas comparecencias de medidas cautelares celebradas al término de cada una de las declaraciones, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de acusaciones han solicitado el ingreso en prisión de ninguno de los detenidos, aunque sí han interesado la imposición de fianzas de responsabilidad civil.

   En el caso del exalto cargo de la Diputación Provincial, el Ministerio Público le ha pedido una fianza civil de un millón de euros, mientras que la Junta ha solicitado tres millones de euros, petición a la que, por cierto, se ha adherido el sindicato Manos Limpias. La juez sólo ha resuelto la fianza civil de Carmona Soto, a quien ha impuesto 471.000 euros en dicho concepto.

   Hay que recordar que, en la segunda fase de la operación 'Heracles', fueron detenidas diez personas, aunque únicamente siete fueron puestas a disposición de la juez Alaya, pues la Guardia Civil dejó en libertad a tres de ellas.

   A pesar de que las comparecencias han concluido pasadas las 3,30 horas, la juez no ha suspendido las declaraciones previstas para este viernes de otros imputados en la causa, entre ellos el ex parlamentario socialista Ramón Díaz, quien tiene previsto acogerse a su derecho constitucional a no declarar.