Huelva, 13.12.13.- La Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de la Luz (Coviluz) de Lucena del Puerto tendrá que devolver con toda probabilidad la ayuda de 440.000 euros que recibió en virtud del convenio de colaboración del 28 de julio de 2008 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y que investiga la juez Mercedes Alaya dentro del caso de los ERE fraudulentos del Gobierno andaluz, según informa www.huelvahoy.com.
Según ha podido conocer esta Redacción, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta ha remitido un edicto de notificación con la resolución de 21 de octubre del año en curso sobre esta ayuda.
Este decreto llega tras el intento fallido de comunicar dicha resolución en el domicilio de Coviluz, que desde hace semanas se encuentra cerrada.
Se trata de una cooperativa de consumo a la que pertenece toda la localidad de Lucena del Puerto. Precisamente, es el municipio del que procede uno de los imputados en el caso de los ERE, ex el director general de Trabajo entre 2009 y 2010.
Meses atrás se conoció, por cierto, que Alaya había embargado a a Márquez dos propiedades, una en Huelva y otra en Lucena del Puerto, sus cuentas bancarias, y las devoluciones que pudiera tener pendientes en la Agencia Tributaria.
En concreto, Márquez está imputado por cuatro delitos dentro del macrosumario que instruye el juzgado número 6 de Sevilla.
La juez imputó a Márquez la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 directas a empresas por importe de 154 millones de euros “a sabiendas” de que existían varios informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento seguido.
Según ha podido conocer esta Redacción, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta ha remitido un edicto de notificación con la resolución de 21 de octubre del año en curso sobre esta ayuda.
Este decreto llega tras el intento fallido de comunicar dicha resolución en el domicilio de Coviluz, que desde hace semanas se encuentra cerrada.
Se trata de una cooperativa de consumo a la que pertenece toda la localidad de Lucena del Puerto. Precisamente, es el municipio del que procede uno de los imputados en el caso de los ERE, ex el director general de Trabajo entre 2009 y 2010.
Meses atrás se conoció, por cierto, que Alaya había embargado a a Márquez dos propiedades, una en Huelva y otra en Lucena del Puerto, sus cuentas bancarias, y las devoluciones que pudiera tener pendientes en la Agencia Tributaria.
En concreto, Márquez está imputado por cuatro delitos dentro del macrosumario que instruye el juzgado número 6 de Sevilla.
La juez imputó a Márquez la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 directas a empresas por importe de 154 millones de euros “a sabiendas” de que existían varios informes que cuestionaban la legalidad del procedimiento seguido.
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