Huelva, 15.04.15.- El Partido Popular de Huelva ha anunciado que estudia formular una reclamación
y queja contra el PSOE de Isla Cristina ante la Junta Electoral de Zona
por la comisión de un “supuesto delito electoral”, ya que denuncia que
una persona afín al PSOE “está desfilando casa por casa intimidando y
coartando presuntamente la libertad de beneficiarios de servicios
sociales y de planes de empleo al pedirles el voto para esta formación
política”, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Haciéndose eco del testimonio de “varios de los afectados”, el
Partido Popular de Huelva ha denunciado que el PSOE “lleva varios días
desfilando casa por casa valiéndose de la información contenida en los
listados municipales de los servicios sociales y de los trabajadores
beneficiarios de los planes de empleo para coaccionar a éstos
pidiéndoles el voto por correo” para las elecciones municipales del 24
de mayo.
Una práctica “coercitiva e intimidatoria” que, según el PP, “además
de éticamente reprobable, puede ser constitutivo de un supuesto delito
electoral de los contenidos en la LOREG ya que infringe frontalmente su
artículo 146, haciéndoles saber a los infractores que pueden llegar a
ser condenados con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de
12 a 24 meses por la comisión de este delito”.
El PP argumenta que en uno de los supuestos recogidos en el artículo
146 se reconoce como ilícito penal “a quien con violencia o intimidación
presionase a los electores para que no usen de su derecho de voto,
ejerzan su derecho a voto contra su voluntad o descubriesen su secreto
de voto”, así como “a quien por medio de recompensas, dádivas,
remuneraciones o promesas soliciten directa o indirectamente el voto de
algún elector o lo induzca a la abstención”.
En este sentido, desde el PP se apunta que la situación denunciada
“se agrava aún más teniendo en cuenta que el candidato socialista a la
alcaldía de Isla Cristina de cara a las próximas elecciones del 24 de
mayo es el técnico responsable de los servicios sociales en el
Ayuntamiento, por lo que albergamos serias dudas sobre la lícita
obtención y utilización por parte del PSOE de los listados de servicios
sociales y de planes de empleo por parte de esta persona”, y advertimos
de que, “además de poder constituir un supuesto delito electoral, podría
incurrir en infracciones de las tipificadas de la Ley Orgánica de
Protección De Datos de Carácter Personal”.
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