Huelva, 13.12.15.- Una extrabajadora de la empresa Islantilla
Oasis Hotel S.A., enclavado en la costa onubense, ha presentado una
querella criminal contra varios asesores jurídicos del sindicato UGT ya
que debido a “una negligencia” de éstos ha perdido su indemnización por
el despido colectivo realizado a toda la plantilla por la empresa y que
ascendía a 8.600 euros.
Según reza en la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press,
esta empleada, natural de Isla Cristina, acudió a la UGT como afiliada
de la misma debido a un despido colectivo realizado a toda la plantilla
por la empresa, de manera que el sindicato le designó a un letrado para
su representación ante los tribunales y como consecuencia realizó la
pertinente demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Huelva.
Así, la querella, que la lleva el bufete de abogados de Juan José
Taillafert, argumenta que esta empleada se ha visto afectada por “la
negligencia profesional” de un abogado del sindicato en Huelva ya que al
detallar su situación laboral en la demanda especificó que “en aquellos
momentos se encontraba en excedencia voluntaria cuando la realidad es
que se encontraba plenamente en activo trabajando para su empresa y dada
de alta como tal en la Seguridad Social”.
“La empleada ha sido siempre ajena a este perjudicial error para
sus intereses, puesto que durante todo el desarrollo del procedimiento
le ha sido ocultado”, prosigue la querella. Así, tras recibir la primera
sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Social de Huelva, ésta
se dio cuenta que “el resto de compañeros de trabajo en su idéntica
situación han obtenido sentencia a su favor”.
Por ello, ésta advierte “por primera vez de la negligencia
cometida por su abogado”, con quien intenta contactar para que le dé
explicaciones al respecto “sin éxito”. A partir de ahí, esta trabajadora
sufre “un largo peregrinar” pues desde el sindicato UGT la derivan a la
Fundación de Huelva, donde la atiende un graduado social del sindicato,
siendo informada que éste es el encargado “de gestionar la negligencia
contra ella cometida”.
En este punto, argumentan que “lo máximo” que consigue la afectada
son algunas entrevistas personales que concluyen con la presentación
del recurso de suplicación contra la sentencia en la que le fue denegada
la indemnización, pero “sorprendentemente en dicho recurso, por parte
del graduado social querellado se vuelve a cometer nuevamente la misma
negligencia que el anterior letrado”, ya que “no da a conocer nuevamente
al tribunal su correcta situación laboral al momento del despido”.
Así las cosas, esta persona le explica “siempre vía telefónica” a
la afectada que “pondrá en conocimiento tal negligencia a la Compañía
Aseguradora del Colegio de Abogados de Huelva” para que por parte de
éste fuera “debidamente indemnizada con la cantidad que le corresponde
por su despido, y que todos los compañeros de trabajo en su misma
situación ya habían percibido”.
Así pues, tras dictar sentencia la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en la que nuevamente se desestima su
pretensión por “la reiterada falta de diligencia profesional”, ésta
volvió a contactar con este graduado social en el mes de noviembre de
2014 y recibió “nuevamente la promesa por parte de éste de que en breve
se daría conocimiento de la negligencia para que pueda percibir su
correspondiente indemnización, que le es cuantificada en la cantidad de
8.600 euros”.
La afectada, que “confiaba en que la indemnización por la
negligencia cometida contra ella estaba tramitándose según los cauces y
tiempos adecuados” y tenía “su plena confianza en UGT” al ser una
afiliada del mismo, tuvo conocimiento de que “todos los compañeros de
trabajo a estas alturas ya han percibido el global de sus
indemnizaciones correspondientes a través del Fogasa”.
“VERDADERO CALVARIO”
En este punto, según se argumenta en la querella, “comienza el
verdadero calvario” a partir del mes de abril de 2015 cuando acude en
“innumerables” ocasiones a la sede de UGT en Huelva capital, “sin
conseguir en absoluto que nadie le atienda adecuadamente para ofrecerle
una solución al perjuicio que el propio sindicato UGT le ha provocado”.
Posteriormente, la derivan a una administrativa de UGT, que
igualmente es parte querellada, que consideran que tampoco ofrece
soluciones y “actúa básicamente como parapeto de las responsabilidades
del sindicato.
Después, desde el sindicato en Huelva le dicen que se dirija a
Sevilla puesto que “es allí donde se encuentra la entidad aseguradora
quien finalmente se encargará de la indemnización”, pero de nuevo “no la
atienden debidamente” y le dice la letrada del sindicato en Sevilla que
“su asunto va por buen camino” y que “eso tardará más de un año”.
Por todo ello, y ante la “imposibilidad” de encontrar una salida
extracontractual y amistosa al asunto, desde este bufete consideran que
con los hechos “queda claro y evidente el engaño y ocultación llevados a
cabo por todas las personas” del sindicato.
Además, en el escrito de la querella explican que desde el
sindicato “no se ha utilizado la vía del resarcimiento indirecto que
ofrece el aseguramiento profesional”, y en su lugar acusan a éstos de
“engañar a una persona poco instruida” como la afectada “a fin de que el
transcurso del tiempo, superior al año para exigir el cumplimiento de
las responsabilidades extracontractuales, haga que no tengan que
indemnizarla”. Y todo ello de “manera patentemente dolosa”, concluye la
querella.
Por su parte, desde UGT han explicado que la Fundación
Sociolaboral, empresa que trabaja para el sindicato, es la encargada de
tramitar ante su seguro la indemnización correspondiente para esta
persona.
Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press el
secretario de Relaciones Laborales de UGT Huelva, Antonio González,
quien medió en todo el conflicto laboral de los empleados del Oasis, y
que ha dejado clara su disposición a ayudar a esta empleada, incidiendo
en que la mencionada Fundación es la que tiene que encargarse de
gestionar ante su seguro esta situación, de manera que se está a la
espera de la pertinente respuesta.
González ha reconocido que hubo un error de los abogados al ser
tantos expedientes en este despido colectivo, pero ha dejado claro que
“en ningún momento ha habido mala fe” y ha manifestado su ofrecimiento
para ayudar “en todo lo posible para que pueda cobrar su indemnización
por parte de la compañía de seguros de los abogados de esta Fundación”.
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