Huelva, 09.06.18.- Las temporeras procedentes de Marruecos que denunciaron haber sufrido presuntos abusos sexuales y laborales durante su participación en la campaña fresera lo único que perseguían era conseguir documentación para poder permanecer en España.
Así lo aseguran compañeras suyas, de la misma nacionalidad, que han presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de El Rocío.
En el escrito, respaldado por un total de 131 trabajadoras de la cooperativa y que fue presentado el pasado miércoles, se indica que “las trabajadoras que han acusado a nuestros jefes, han sido obligadas a hacerlo porque unos hombres les han ofrecido quedarse en España y no tener que volver a Marruecos”.
La Guardia Civil también preguntó a las ahora denunciantes en relación a la forma en que habían comprobado lo que aseguraban, a lo que advirtieron que “también le han ofrecido a otras trabajadoras quedarse en España”, según consta en dicha denuncia.
De igual modo, destacan en este documento, al que ha tenido acceso esta Redacción, que “reconocerían sin género de dudas a los autores de dicho ofrecimiento”.
También precisaron que no les han ofrecido nada más, “únicamente la documentación para poder quedarse y cobrar los tres meses del visado” necesario para formalizar la contratación en origen con la que todas vienen desde Marruecos.
Finalmente, en la denuncia también se recoge que ahora “tienen miedo, ya que han llegado los medios de comunicación a sus casas y ahora tienen miedo de que sus maridos no las dejen venir otra vez a España a trabajar”.
La denuncia de estas temporeras coincide con la advertencia de representantes de organizaciones agrícolas de la provincia, que consideran que las denuncias y acusaciones de Podemos, a través de su diputado Diego Cañamero, y del Sindicado Andaluz de Trabajadores, carecen de fundamento.
“Las continuas denuncias pueden poner en peligro la buena imagen de un sector que crea más de 70.000 empleos al año y es una pena porque, realmente, se tratan de falsedades o, en todo caso, de hechos aislados y casos puntuales que la Justicia tendría que investigar”, señala un portavoz agrícola.
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