La auditoría al Ayuntamiento de Cartaya -gobernado por el independiente Juan Polo desde el pasado mes de junio tras alcanzar un pacto con el PP-, que ha realizado en los últimos meses una empresa externa especializada, cifra la deuda municipal en 45,3 millones de euros, una vez estudiada con detalle la evolución de las finanzas municipales en los últimos cuatro años.
Esta cuestión ha sido el tema central del pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Cartaya. El resultado de este informe, según ha resaltado el alcalde, sitúa al Consistorio cartayero "entre los más endeudados de la provincia de Huelva, cuestionable honor que debemos a una pésima gestión económica durante los últimos cuatro años".
En este sentido, el alcalde ha matizado que el propio informe señala que los presupuestos municipales del período analizado han sido "poco realistas". Entre sus conclusiones, según ha destacado el primer edil, se encuentran "la ausencia de un análisis realista de la situación, la elaboración de presupuestos con ahorro negativo, el desplome de los ingresos urbanísticos, y los niveles excesivos de endeudamiento financiero", todo ello, ha añadido, "fruto de falta de previsión, de un gasto desproporcionado basado en unos presupuestos irreales y sin previsión de ahorro en ningún momento".
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, ha asegurado que este hecho "nos ha llevado a una situación actual más que preocupante", con niveles de ahorro que el propio informe califica como "sumamente negativos e inasumibles para las arcas municipales", así como con niveles "excesivos" de endeudamiento financiero "al que no podemos hacer frente, entre otras razones, porque tenemos una deuda total que prácticamente duplica los ingresos corrientes".
En base a estos datos económicos, el propio informe, según Maestre, aconseja "la realización de un plan de equilibrio económico-financiero, que permita ordenar las medidas a tomar en un marco global y que diseñe un escenario de actuación a medio plazo que permita hacer frente a las deudas acumuladas".
En función de este argumento, el primer edil ha anunciado que se ha aprobado en junta de gobierno local la adjudicación del correspondiente Plan de Saneamiento, que está elaborando la misma empresa externa y con el que pretenden tomar medidas que permitan "la recuperación de las maltrechas arcas municipales y la estabilización de la situación económica de la institución".
Especial hincapié ha hecho el portavoz del equipo de Gobierno en señalar que "además de todo ello, la anterior corporación nos ha dejado un futuro totalmente hipotecado, en el que incluso los beneficios que este Ayuntamiento tendría que ingresar del futuro desarrollo urbanístico de la localidad, ya están gastados, porque se ha usado el urbanismo como fuente de financiación inadecuada, utilizándose para otros fines".
En este sentido, ha explicado que la Corporación suscribió dos convenios urbanísticos por los que recibió 13,2 millones de euros para iniciar el desarrollo de los planeamientos, "dinero que ya se ha gastado sin que se haya hecho absolutamente nada al respecto, con lo cual, tendremos que afrontar esos pagos cuando el urbanismo se reactive".
El informe de la auditoría se ha aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) y el voto en contra del grupo municipal socialista.
Esta cuestión ha sido el tema central del pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Cartaya. El resultado de este informe, según ha resaltado el alcalde, sitúa al Consistorio cartayero "entre los más endeudados de la provincia de Huelva, cuestionable honor que debemos a una pésima gestión económica durante los últimos cuatro años".
En este sentido, el alcalde ha matizado que el propio informe señala que los presupuestos municipales del período analizado han sido "poco realistas". Entre sus conclusiones, según ha destacado el primer edil, se encuentran "la ausencia de un análisis realista de la situación, la elaboración de presupuestos con ahorro negativo, el desplome de los ingresos urbanísticos, y los niveles excesivos de endeudamiento financiero", todo ello, ha añadido, "fruto de falta de previsión, de un gasto desproporcionado basado en unos presupuestos irreales y sin previsión de ahorro en ningún momento".
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Gabriel Maestre, ha asegurado que este hecho "nos ha llevado a una situación actual más que preocupante", con niveles de ahorro que el propio informe califica como "sumamente negativos e inasumibles para las arcas municipales", así como con niveles "excesivos" de endeudamiento financiero "al que no podemos hacer frente, entre otras razones, porque tenemos una deuda total que prácticamente duplica los ingresos corrientes".
En base a estos datos económicos, el propio informe, según Maestre, aconseja "la realización de un plan de equilibrio económico-financiero, que permita ordenar las medidas a tomar en un marco global y que diseñe un escenario de actuación a medio plazo que permita hacer frente a las deudas acumuladas".
En función de este argumento, el primer edil ha anunciado que se ha aprobado en junta de gobierno local la adjudicación del correspondiente Plan de Saneamiento, que está elaborando la misma empresa externa y con el que pretenden tomar medidas que permitan "la recuperación de las maltrechas arcas municipales y la estabilización de la situación económica de la institución".
Especial hincapié ha hecho el portavoz del equipo de Gobierno en señalar que "además de todo ello, la anterior corporación nos ha dejado un futuro totalmente hipotecado, en el que incluso los beneficios que este Ayuntamiento tendría que ingresar del futuro desarrollo urbanístico de la localidad, ya están gastados, porque se ha usado el urbanismo como fuente de financiación inadecuada, utilizándose para otros fines".
En este sentido, ha explicado que la Corporación suscribió dos convenios urbanísticos por los que recibió 13,2 millones de euros para iniciar el desarrollo de los planeamientos, "dinero que ya se ha gastado sin que se haya hecho absolutamente nada al respecto, con lo cual, tendremos que afrontar esos pagos cuando el urbanismo se reactive".
El informe de la auditoría se ha aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno (ICAR, PP y PA) y el voto en contra del grupo municipal socialista.
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