La Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea no solicitará a la Administración comunitaria que inste a Portugal a la supresión de los peajes en las autovías fronterizas pese a que éstas se han financiado mayoritariamente con fondos comunitarios.
De este modo, con 19 votos en contra, 10 a favor y cuatro abstenciones, la iniciativa, que se centraba inicialmente en la A-25 y la A-23 pero que ha durante su defensa se ha hecho extensiva a todas las autovías fronterizas con el país vecino, entre ellas la A-22 que une España y Portugal a través del puente internacional de Ayamonte, no ha pasado este trámite parlamentario después de que el PP mantuviera que el Gobierno ya está trabajando con las Instituciones Europeas en este asunto.
El diputado Jesús Caldera ha sido el autor y defensor de la proposición reclamando soluciones "concretas y definidas" que se materialicen en la supresión de los peajes para evitar el "trato desigual y discriminatorio" que a su juicio sufren ahora los usuarios de estas vías.
El socialista ha lamentado que el cobro por el uso de las autovías afecte "de modo crucial al desarrollo económico y social de los municipios españoles y portugueses situados" ubicados en el área de influencia de influencia de las carreteras.
Asimismo, ha subrayado que la medida afecta "drásticamente" a la economía de las empresas que dependen del tránsito de mercancías y personas y, por lo tanto, al empleo; además de a la movilidad de los trabajadores que se desplazan a diario a sus puestos de trabajo y a la "libre circulación que facilita los intercambios comerciales, turísticos, sociales y culturales entre Portugal y España".
Caldera también ha indicado que la puesta en marcha de los peajes --el del Algarve comenzó el pasado 8 de diciembre-- ha habido un "notable descenso del tráfico" y una queja "generalizada en las dos partes de la frontera por la retracción" de la actividad económica.
Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha intervenido en contra de la proposición, que ha calificado de "extemporánea" porque el Gobierno "trabaja desde hace tiempo en este asunto" y está tomando medidas. En ese sentido, ha avanzado que el Ejecutivo vigilará que Portugal cumpla no la normativa europea y el derecho internacional pero no puede intervenir en su soberanía.
Además, a su juicio, se trata de una "acción machacona" del PSOE, que ya ha presentado varias iniciativas en este sentido, y que, según sus palabras, "solo pretende desgastar y hacer sangre al Gobierno". "Es oportunista porque ven el problema y se lanzan al degüello absoluto a ver qué sacan", ha dicho el parlamentario, que también ha afeado que para el texto de la iniciativa el PSOE haya hecho "un corta y pega" del manifiesto de la plataforma social en contra de los peajes.
"Es una chapuza monumental al estilo de (la serie de televisión) Manolo y Benito", ha añadido Serrano. Al respecto, Caldera le ha recordado que el PSOE forma parte de esa plataforma y que como partido con representación parlamentaria traslada a las Cortes el interés de la ciudadanía.
De este modo, con 19 votos en contra, 10 a favor y cuatro abstenciones, la iniciativa, que se centraba inicialmente en la A-25 y la A-23 pero que ha durante su defensa se ha hecho extensiva a todas las autovías fronterizas con el país vecino, entre ellas la A-22 que une España y Portugal a través del puente internacional de Ayamonte, no ha pasado este trámite parlamentario después de que el PP mantuviera que el Gobierno ya está trabajando con las Instituciones Europeas en este asunto.
El diputado Jesús Caldera ha sido el autor y defensor de la proposición reclamando soluciones "concretas y definidas" que se materialicen en la supresión de los peajes para evitar el "trato desigual y discriminatorio" que a su juicio sufren ahora los usuarios de estas vías.
El socialista ha lamentado que el cobro por el uso de las autovías afecte "de modo crucial al desarrollo económico y social de los municipios españoles y portugueses situados" ubicados en el área de influencia de influencia de las carreteras.
Asimismo, ha subrayado que la medida afecta "drásticamente" a la economía de las empresas que dependen del tránsito de mercancías y personas y, por lo tanto, al empleo; además de a la movilidad de los trabajadores que se desplazan a diario a sus puestos de trabajo y a la "libre circulación que facilita los intercambios comerciales, turísticos, sociales y culturales entre Portugal y España".
Caldera también ha indicado que la puesta en marcha de los peajes --el del Algarve comenzó el pasado 8 de diciembre-- ha habido un "notable descenso del tráfico" y una queja "generalizada en las dos partes de la frontera por la retracción" de la actividad económica.
Por su parte, el diputado del PP Bibiano Serrano ha intervenido en contra de la proposición, que ha calificado de "extemporánea" porque el Gobierno "trabaja desde hace tiempo en este asunto" y está tomando medidas. En ese sentido, ha avanzado que el Ejecutivo vigilará que Portugal cumpla no la normativa europea y el derecho internacional pero no puede intervenir en su soberanía.
Además, a su juicio, se trata de una "acción machacona" del PSOE, que ya ha presentado varias iniciativas en este sentido, y que, según sus palabras, "solo pretende desgastar y hacer sangre al Gobierno". "Es oportunista porque ven el problema y se lanzan al degüello absoluto a ver qué sacan", ha dicho el parlamentario, que también ha afeado que para el texto de la iniciativa el PSOE haya hecho "un corta y pega" del manifiesto de la plataforma social en contra de los peajes.
"Es una chapuza monumental al estilo de (la serie de televisión) Manolo y Benito", ha añadido Serrano. Al respecto, Caldera le ha recordado que el PSOE forma parte de esa plataforma y que como partido con representación parlamentaria traslada a las Cortes el interés de la ciudadanía.
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