Huelva, 10.05.13.- PP y PSOE tampoco no se ponen de acuerdo sobre la nueva Ley de Costas. Por un lado, el Partido Popular de Huelva ha asegurado hoy que la nueva Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral onubense por lo que es “una gran noticia” para la provincia.
Así lo ha asegurado el presidente provincial del PP de Huelva y secretario de la mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, quién ha manifestado que “se trata de una iniciativa del Gobierno que dará tranquilidad y seguridad jurídica a 970 viviendas de la provincia, 70 chiringuitos y nada menos que 1.000 empleos que dependen de este sector”.
En este sentido, el líder del PP onubense ha subrayado que la ley “da más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, y les exige a la vez más en el cuidado de las playas”.
A nivel regional, esta ley permitirá preservar la actividad de instalaciones turísticas que generan unos 30.000 empleos directos en la comunidad autónoma y facturan en torno a los 350 millones de euros anuales. Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, que ha destacado “la necesidad fundamental de conciliar la sostenibilidad de nuestras costas y la protección de nuestros espacios naturales con el crecimiento económico y el mantenimiento de la actividad del sector turístico”.
Según Crespo, esta conciliación es especialmente necesaria en Andalucía, con 500 kilómetros de litoral y cinco provincias costeras, donde “el sector turístico es uno de los motores e nuestra economía”. Así, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan 4.604 viviendas en el litoral andaluz y más de 970 instalaciones turísticas, entre las que habría que contabilizar hoteles, restaurantes y chiringuitos.
La nueva ley proporciona, además, instrumentos “potentes”, según Crespo, “para evitar las barbaridades urbanísticas que se hicieron al amparo de la ley de 1988”, a la que sustituye, con ejemplos “tan claros” como el del Algarrobico. A este respecto, la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán suspender cautelarmente las obras que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la Ley de Costas.
Por otro lado, la delegada ha explicado que la incidencia de la nueva Ley de Costas en el litoral andaluz redundará en la protección del litoral, mediante la preservación de playas vírgenes, la prohibición de nuevas edificaciones y el mantenimiento de la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros, entre otros aspectos, así como la mejora de la seguridad jurídica para los propietarios de viviendas y la protección de instalaciones industriales y turísticas.
Prohibición de nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros.
La reducción de la servidumbre a 20 metros sólo afectará a lo construido antes de 1998 que tuviera un carácter urbano. Una importante novedad es que se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. De esta forma, como ha indicado Crespo, “se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa”.
Viviendas que se salvan del dominio público terrestre.
La Ley excluye núcleos de población del domino público al considerarlos innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de 1988 a través de la desafectación. Se trata de terrenos antropizados (habitados y consolidados) desde antes de 1988. En Andalucía, se beneficiarán de esta medida 3.604 viviendas, con una estimación de 14.416 ocupantes. (En Huelva se benefician 1.962 viviendas)
Viviendas que se benefician de la exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. Algunos terrenos de núcleos urbanos quedarán excluidos del dominio público de manera excepcional. En territorio nacional afectará a 12 núcleos, que en Andalucía se traducen en 1.000 viviendas, principalmente en núcleos de población de Huelva (en Punta Umbría e Isla Cristina se benefician más de 500 viviendas) y Málaga (en Pedregalejo y El Palo), cuyas reivindicaciones se remontan a hace más de 25 años.
Por Orden conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deban efectuarse las transmisiones a sus ocupantes, de conformidad con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Viviendas situadas en zonas de servidumbre de protección (ZSP).
Todas estas viviendas, que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras conforme a la Ley de Costas de1988, se benefician de la nueva Ley, que permite mejorar y modernizar las viviendas, prohibiendo, en todo caso, en las obras de mejora un aumento de volumen, altura o superficie y evitando la degradación ambiental. En Andalucía se beneficiarán de esta medida 25.000 viviendas, con una estimación de 100.000 ocupantes. En Huelva se benefician 1.909 viviendas.
Protección de instalaciones industriales y turísticas.
La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre (DPMT). Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Además, se restringirán más en las playas naturales. Asimismo, la ley permitirá preservar un total de 970 instalaciones industriales y turísticas en Andalucía, de ellas 863 restaurantes y chiringuitos y 109 hoteles, que generan unos 30.000 empleos directos y una importante cantidad de empleos indirectos y que facturan en torno a 350 millones de euros.
En el caso de Huelva, las estimaciones son las siguientes: 19 hoteles que crean 1.600 empleos y facturan 19 millones de euros, así como 65 restaurantes y chiringuitos que dan 1.825 empleos y facturan 16,9 millones de euros.
Salinas y establecimiento de cultivos marinos.
La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de Costas de 1988. Se trata, según la delegada, de “actividades beneficiosas cuya desaparición no ayudaría en nada a la protección del litoral”. En Andalucía destacan las salinas de Cádiz, la provincia con mayor número de todo el litoral, y Almería, principalmente Cabo de Gata y Punta Entinas-Sabinar.
Sin embargo, el PSOE de Huelva ha señalado que la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Costas significa una “amenaza” para nuestro litoral. En esta línea, la secretaria de Política Institucional, María José Rodríguez, recalcó que esta nueva contrarreforma del Gobierno central representa un “retroceso más”, que además carece de una mínima conciencia ambiental y, en realidad, lo que hace “es abrir la veda a la especulación y a que nuestras costas sufran una mayor presión urbanística”. “La costa se pone en venta y a saldo”, incidió.
Para la también diputada socialista, “es un error reincidir en un modelo agotado en lo económico y desastroso en lo ambiental, pero el PP quiere insuflarle nuevos aires a la burbuja inmobiliaria apostando por la desprotección para favorecer no su uso, sino su abuso. No su condición de un dominio que es público, sino el privilegio y la privatización”.
“Ayer el PP se quedó solo, una vez más, en la aprobación en el Congreso de esta Ley que carece de toda racionalidad. Y eso demuestra lo equivocado que está en el planteamiento pues no ha concitado el respaldo de ningún grupo de la cámara”, apuntó María José Rodríguez.
Según la dirigente socialista, dicha reforma va en la dirección contraria de los parámetros de protección ambiental, por ello, “el PSOE está planteándose seriamente la posibilidad de recurrir esta ley que va a suponer mayor degradación del litoral”.
“Se reduce la zona de servidumbre, dunas, salinas, humedales, por tanto queda sin protección y expuesto a la depredación de intereses económicos de corto alcance”. Y, las concesiones de 75 años, es “una privatización en toda regla” con el agravante de que se pueden vender sin necesidad de la intervención de la administración para ejercer el oportuno control de adecuación y razón de esa venta.
También, “en cuanto a la exclusión de núcleos de población en la provincia, tememos que ello no sirva para resolver problemas sino para agravarlos, para desafectar no lo ya construido sino para alentar nuevas alteraciones como ocurre con una disminución de la zona de servidumbre que, a partir de ahora, se convierte en terreno abonado para incitar construcciones y ocupaciones sin control”.
Falta de financiación
“El PP no alienta la degradación de la costa sólo con esta ley, sino que además contribuye al abandono del litoral que se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que en 2013 sólo se contemple un 16% de lo presupuestado en 2011”, recalcó María José Rodríguez. Además, “el deterioro de las playas es evidente, ni siquiera se cumple con la limpieza gruesa lo que viene provocando un clamor de vecinos, visitantes y ayuntamientos”.
Por último, la diputada socialista insistió en que “el PP mintió cuando anunciaba un estudio para analizar inversiones en las playas, ya que no hay casi dinero para este fin”. Así lo puso de manifiesto a través de una respuesta parlamentaria en la que el Gobierno central asegura tener prevista una inversión para este año de 249.000 euros para labores de mantenimiento. Aun así, María José Rodríguez exigió que “aunque sea poca inversión debería ejecutarlo”.
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