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La misión de los agentes ha sido recabar información relacionada con
la denuncia que la semana pasada presentó UPyD ante la Fiscalía por
supuestas irregularidades en la gestión de los fondos del Plan de
Fomento de Empleo Agrario (PFEA).
En su denuncia, UPyD ponía en conocimiento de la Fiscalía que la
Diputación de Huelva, a lo largo de 2013, supuestamente destinó 300.000
euros con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario a “cuestiones bien
distintas para las que inicialmente se conceden estos fondos”.
Según UPyD los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la
hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude y falsedad
documental.
De forma paralela, este registro también se lleva a cabo en las
oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, ubicado en el barrio de
Pescadería de la capital.
Mientras tanto, el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación, José Martín (PSOE), ha asegurado que por la institución "todo se ha hecho conforme a norma".
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Diputación, Martín ha destacado que desde la Diputación "se respeta y colabora con la Justicia como ha venido haciendo siempre".
Ha señalado que los técnicos están trabajando a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "facilitar la documentación que se les solicite, en la conciencia absoluta de que en lo que respecta a la Diputación todo se ha hecho conforme a norma".
Ha incidido en que lo que hoy se está haciendo en la sede de la institución es un registro por mandato judicial a raíz de una denuncia que se formuló contra la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, dependiente de Alosno, con relación a la gestión del PFEA.
Martín ha apuntado que "no es un programa directamente de Diputación, sino de una entidad local menor" y ha recordado que al mismo tiempo también se están llevado a cabo registros en las dependencias del Servicio Público Estatal de Empleo: "Tenemos que colegir de esto que se trata de alguna posible irregularidad en materia de contratación".
Dicho esto ha manifestado que "hasta ahí" puede llegar la Diputación, en "la conciencia de que nuestro trabajo se ha hecho de una manera absolutamente pulcra".
Ha señalado que la labor de la Guardia Civil se está centrando en el servicio relacionado directamente con la gestión del PFEA, y vinculado a éste los de Personal e Intervención.
Tras indicar que "tiene que ser el juez" el que valore si las medidas adoptadas para llevar a cabo el registro, como el cierre de la Diputación, "son justificadas", ha señalado que "desde fuera" les ha perecido "tal vez un exceso porque la Diputación, como institución pública jamás pondrá dificultades a la hora de poner a disposición cualquier documento que se solicite".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez, en relación al registro en el Servicio Público de Empleo, ha señalado que éste se está produciendo, igualmente, a requerimiento del mismo Juzgado en relación a una causa sobre la que pesa el secreto de sumario: "Estamos respondiendo a ella a petición del Juzgado".
El registro en la Diputación de Huelva continúa después de seis horas y la mayoría de los trabajadores ya no esperan en los alrededores al habérseles indicado que se fueran.
(Foto: www.huelvahoy.com)
Mientras tanto, el portavoz del equipo de Gobierno en la Diputación, José Martín (PSOE), ha asegurado que por la institución "todo se ha hecho conforme a norma".
En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Diputación, Martín ha destacado que desde la Diputación "se respeta y colabora con la Justicia como ha venido haciendo siempre".
Ha señalado que los técnicos están trabajando a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "facilitar la documentación que se les solicite, en la conciencia absoluta de que en lo que respecta a la Diputación todo se ha hecho conforme a norma".
Ha incidido en que lo que hoy se está haciendo en la sede de la institución es un registro por mandato judicial a raíz de una denuncia que se formuló contra la Entidad Local Autónoma (ELA) de Tharsis, dependiente de Alosno, con relación a la gestión del PFEA.
Martín ha apuntado que "no es un programa directamente de Diputación, sino de una entidad local menor" y ha recordado que al mismo tiempo también se están llevado a cabo registros en las dependencias del Servicio Público Estatal de Empleo: "Tenemos que colegir de esto que se trata de alguna posible irregularidad en materia de contratación".
Dicho esto ha manifestado que "hasta ahí" puede llegar la Diputación, en "la conciencia de que nuestro trabajo se ha hecho de una manera absolutamente pulcra".
Ha señalado que la labor de la Guardia Civil se está centrando en el servicio relacionado directamente con la gestión del PFEA, y vinculado a éste los de Personal e Intervención.
Tras indicar que "tiene que ser el juez" el que valore si las medidas adoptadas para llevar a cabo el registro, como el cierre de la Diputación, "son justificadas", ha señalado que "desde fuera" les ha perecido "tal vez un exceso porque la Diputación, como institución pública jamás pondrá dificultades a la hora de poner a disposición cualquier documento que se solicite".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez, en relación al registro en el Servicio Público de Empleo, ha señalado que éste se está produciendo, igualmente, a requerimiento del mismo Juzgado en relación a una causa sobre la que pesa el secreto de sumario: "Estamos respondiendo a ella a petición del Juzgado".
El registro en la Diputación de Huelva continúa después de seis horas y la mayoría de los trabajadores ya no esperan en los alrededores al habérseles indicado que se fueran.
(Foto: www.huelvahoy.com)
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