Huelva, 10.12.15.- El matrimonio de 62 y 63 años de edad y su hijo de 35 que fueron desahuciados ayer de la vivienda que habitaban en alquiler desde 1976 por el presunto impago de tres mensualidades de 2012, que suman 225 euros en total, tiene denunciada a la propietaria por presunta "falsedad documental".
En declaraciones a Efe, el abogado de la familia, Manuel Vázquez, ha precisado que la denuncia la lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Ayamonte y se basa en un documento que presentó la propietaria de la casa para justificar los impagos, concretamente un extracto bancario en el que los ingresos correspondientes a esos meses no aparecen, que entienden "está manipulado".
Vázquez ha precisado que por el momento, a petición del juez, la entidad bancaria ya le ha facilitado toda la información que se le ha solicitado, entre ella los extractos bancarios sellados en los que consta que "las transferencias del alquiler se han hecho".
Como complemento a lo anterior, ha precisado, "ahora se le va a requerir que certifique la imposibilidad de que haya podido haber un error informático y que no aparezcan en el extracto sacado por la propietaria por internet porque haya habido un fallo".
La familia, ha manifestado el abogado, confía en que el juez instructor resuelva a su favor, ya que "es la única forma de que se pueda revisar la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que ordena la ejecución del desahucio" y, de esta forma, se procediera a dictar una nueva reconociéndoles sus derechos a seguir residiendo en la misma.
El letrado ha apuntado que es precisamente ese extracto de internet al que la Audiencia ha dado validez para dar la razón a la propietaria y ejecutar el desahucio.
Por su parte, el hijo del matrimonio, Diego Garrido, ha querido dejar claro que "no hay un impago" de tres mensualidades: "En ningún momento las debemos", ha aseverado.
Ha recordado que ya ganaron dos juicios en Ayamonte, uno en el que se les dio la razón sobre que la vivienda era de renta antigua y un segundo, precisamente, en el que el juez les reconoció que no existía tal deuda.
"Nosotros pensábamos que interpuesta la denuncia por presunta falsedad documental se iba a paralizar la sentencia de desahucio a la espera de aclarar si ese documento ha sido o no manipulado, pero no ha sido así", ha lamentado.
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