Los 600 barcos que componen actualmente la flota pesquera artesana onubense, que incluye las embarcaciones de arrastre, cerco, draga hidráulica y pesca artesanal, podrían verse muy gravemente afectados por las reformas que la Unión Europea pretende aplicar próximamente y que fueron presentadas el pasado 31 de julio en La Coruña por la comisaria comunitaria de Pesca, María Damanaki, según informa hoy Jordi Landero en Huelva Información.
Y es que el 50% de la misma -o sea, unas 300 embarcaciones- podrían desaparecer con dichas reformas, dejando en la calle a unos 1.800 pescadores onubenses de los puertos de Huelva, Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte y Lepe. Como consecuencia de ello, numerosas empresas auxiliares como fábricas de hielo, empresas de efectos navales o talleres navales también se verían forzadas a cerrar sus puertas por falta de carga de trabajo.
Así lo puso de manifiesto ayer el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Mariano García, durante el encuentro que para analizar el contenido del documento de la reforma de la política pesquera común se celebró en la Lonja de Isla Cristina. Al mismo asistieron representantes de las principales asociaciones de armadores, cofradías de pescadores y ayuntamientos afectados de nuestra provincia.
Según García, el encuentro también sirvió para unificar criterios y adoptar una postura común de cara a defender los intereses del sector pesquero onubense frente a la "dureza" de la reforma. Es por ello por lo que los pescadores onubenses también tienen previsto unirse a los del vecino Portugal, con quienes van a mantener próximamente un encuentro, y a los de Cádiz, que están trabajando en este mismo sentido, "para que todo el sector pesquero del Golfo de Cádiz haga presión común en Madrid y Bruselas, para que llegue allí nuestra voz y para que se sepa que esta reforma va a afectar mucho a nuestro sector y a nuestra forma de trabajar".
García también subrayó que, aunque en principio se va a intentar agotar la vía del diálogo en todos los foros donde se debata el asunto, "no descartamos plantear movilizaciones que pueden llegar a ser muy fuertes si las reformas siguen adelante porque corren el riesgo de desaparecer muchas empresas y, por tanto, numerosos puestos de trabajo".
Para el sector pesquero del Golfo de Cádiz, según García, el principal escollo que plantea la reforma es que "sin prever medios económicos ni sociales se va a exigir una reconversión de la flota andaluza ya que nuestros barcos artesanales, que salen y entran a diario de puerto con pesca fresca, van a ser reconsiderados tras la aplicación de la reforma flota industrial. O sea -prosiguió- que se va a considerar a nuestro sector artesanal, que trabaja por el mantenimiento de los recursos pesqueros del caladero del Golfo de Cádiz, como si fuese una flota congeladora de las que opera en terceros países".
Según García, "tampoco es lógico" que la reforma pretenda optimizar los recursos pesqueros de la zona hasta 2015, "ya que es imposible que en dos años se recupere el recurso al 100%". En este sentido, aseguró que "nosotros sí estamos haciendo grandes esfuerzos sin ninguna contraprestación económica y de hecho paramos el día 23 de septiembre para reiniciar en noviembre nuestra actividad sin ninguna ayuda y por propia iniciativa del sector, lo cual está propiciando ya una recuperación del caladero gracias a nuestro propio plan".
Del mismo modo y en términos generales, la reforma "tampoco tiene en cuenta ni los recursos pesqueros con que contamos ni la componente socioeconómica particular de cada región".
Según García, la reforma puede llevar a la desaparición de más de la mitad de todas las embarcaciones artesanales del Golfo de Cádiz (unos 500 barcos y 3.000 pescadores). Una flota "importante y modernizada que está realizando verdaderos esfuerzos por la recuperación de los recursos pesqueros". Es por ello por lo que manifestó no entender "la dureza de una reforma en nuestra zona, cuando hay otras pesquerías que no han establecido ningún plan de gestión y recuperación como el nuestro, que está dando muy buenos resultados".
Otro de los motivos que han llevado al sector pesquero onubense a oponerse frontalmente al actual documento de la reforma pesquera común, según especificó García, es que el marisqueo y el trasmallo no están incluidos en él, "lo cual podría desembocar en la total desaparición de ambas artes de pesca ya que impediría a los pescadores dedicados a ellas hacer ningún plan de gestión ni de conservación porque simplemente no habría ninguna normativa sobre ellos".
Por otra parte, y aunque el documento de la reforma es muy amplio y se está haciendo una síntesis del mismo por parte del sector, García también mostr su preocupación por los descartes "ya que es imposible su ejecución en nuestra flota de arrastre, pues no podemos tener una persona en cada embarcación descartando pescado", y por las denominadas ITQ o cuotas de pesca individualizadas para cada armador, "las cuales van a propiciar que se dé un mercadeo de cuotas en los puertos, que vengan grandes empresas extranjeras a comprar toda la cuota de cada embarcación". Además, "podemos encontrarnos con el paso del tiempo que tengamos el mar lleno de peces sin que puedan ser capturados porque las ITQ prevén un recorte anual y progresivo para cada armador". Es por ello por lo que García defendió el establecimiento de cuotas para el conjunto de la flota.
Finalmente, García también mostró su confianza en el Gobierno de España que, según él, tendrá una buena oportunidad de defender los intereses del sector pesquero del Golfo de Cádiz el próximo 28 de septiembre, durante el encuentro que para tratar sobre este asunto se va a celebrar en Madrid, al que está prevista la asistencia de la propia comisaria europea de pesca, María Damanaki.
Y es que el 50% de la misma -o sea, unas 300 embarcaciones- podrían desaparecer con dichas reformas, dejando en la calle a unos 1.800 pescadores onubenses de los puertos de Huelva, Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte y Lepe. Como consecuencia de ello, numerosas empresas auxiliares como fábricas de hielo, empresas de efectos navales o talleres navales también se verían forzadas a cerrar sus puertas por falta de carga de trabajo.
Así lo puso de manifiesto ayer el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Isla Cristina y vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Mariano García, durante el encuentro que para analizar el contenido del documento de la reforma de la política pesquera común se celebró en la Lonja de Isla Cristina. Al mismo asistieron representantes de las principales asociaciones de armadores, cofradías de pescadores y ayuntamientos afectados de nuestra provincia.
Según García, el encuentro también sirvió para unificar criterios y adoptar una postura común de cara a defender los intereses del sector pesquero onubense frente a la "dureza" de la reforma. Es por ello por lo que los pescadores onubenses también tienen previsto unirse a los del vecino Portugal, con quienes van a mantener próximamente un encuentro, y a los de Cádiz, que están trabajando en este mismo sentido, "para que todo el sector pesquero del Golfo de Cádiz haga presión común en Madrid y Bruselas, para que llegue allí nuestra voz y para que se sepa que esta reforma va a afectar mucho a nuestro sector y a nuestra forma de trabajar".
García también subrayó que, aunque en principio se va a intentar agotar la vía del diálogo en todos los foros donde se debata el asunto, "no descartamos plantear movilizaciones que pueden llegar a ser muy fuertes si las reformas siguen adelante porque corren el riesgo de desaparecer muchas empresas y, por tanto, numerosos puestos de trabajo".
Para el sector pesquero del Golfo de Cádiz, según García, el principal escollo que plantea la reforma es que "sin prever medios económicos ni sociales se va a exigir una reconversión de la flota andaluza ya que nuestros barcos artesanales, que salen y entran a diario de puerto con pesca fresca, van a ser reconsiderados tras la aplicación de la reforma flota industrial. O sea -prosiguió- que se va a considerar a nuestro sector artesanal, que trabaja por el mantenimiento de los recursos pesqueros del caladero del Golfo de Cádiz, como si fuese una flota congeladora de las que opera en terceros países".
Según García, "tampoco es lógico" que la reforma pretenda optimizar los recursos pesqueros de la zona hasta 2015, "ya que es imposible que en dos años se recupere el recurso al 100%". En este sentido, aseguró que "nosotros sí estamos haciendo grandes esfuerzos sin ninguna contraprestación económica y de hecho paramos el día 23 de septiembre para reiniciar en noviembre nuestra actividad sin ninguna ayuda y por propia iniciativa del sector, lo cual está propiciando ya una recuperación del caladero gracias a nuestro propio plan".
Del mismo modo y en términos generales, la reforma "tampoco tiene en cuenta ni los recursos pesqueros con que contamos ni la componente socioeconómica particular de cada región".
Según García, la reforma puede llevar a la desaparición de más de la mitad de todas las embarcaciones artesanales del Golfo de Cádiz (unos 500 barcos y 3.000 pescadores). Una flota "importante y modernizada que está realizando verdaderos esfuerzos por la recuperación de los recursos pesqueros". Es por ello por lo que manifestó no entender "la dureza de una reforma en nuestra zona, cuando hay otras pesquerías que no han establecido ningún plan de gestión y recuperación como el nuestro, que está dando muy buenos resultados".
Otro de los motivos que han llevado al sector pesquero onubense a oponerse frontalmente al actual documento de la reforma pesquera común, según especificó García, es que el marisqueo y el trasmallo no están incluidos en él, "lo cual podría desembocar en la total desaparición de ambas artes de pesca ya que impediría a los pescadores dedicados a ellas hacer ningún plan de gestión ni de conservación porque simplemente no habría ninguna normativa sobre ellos".
Por otra parte, y aunque el documento de la reforma es muy amplio y se está haciendo una síntesis del mismo por parte del sector, García también mostr su preocupación por los descartes "ya que es imposible su ejecución en nuestra flota de arrastre, pues no podemos tener una persona en cada embarcación descartando pescado", y por las denominadas ITQ o cuotas de pesca individualizadas para cada armador, "las cuales van a propiciar que se dé un mercadeo de cuotas en los puertos, que vengan grandes empresas extranjeras a comprar toda la cuota de cada embarcación". Además, "podemos encontrarnos con el paso del tiempo que tengamos el mar lleno de peces sin que puedan ser capturados porque las ITQ prevén un recorte anual y progresivo para cada armador". Es por ello por lo que García defendió el establecimiento de cuotas para el conjunto de la flota.
Finalmente, García también mostró su confianza en el Gobierno de España que, según él, tendrá una buena oportunidad de defender los intereses del sector pesquero del Golfo de Cádiz el próximo 28 de septiembre, durante el encuentro que para tratar sobre este asunto se va a celebrar en Madrid, al que está prevista la asistencia de la propia comisaria europea de pesca, María Damanaki.
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