En concreto, este individuo solicitó y cobró un falso rescate de 30.000 euros tras asegurar a los familiares de dicho joven que éste sería puesto en libertad, lo que no llegó a producirse.
Por ello, la Fiscalía solicita para el imputado una pena de 21 meses de prisión así como una indemnización de la misma cuantía que cobró.
El juicio, que fue suspendido a causa de la incomparecencia del acusado, será convocado una vez que éste, con una veintena de condenas por otras estafas, sea localizado.
Mientras tanto, en el escrito de acusación de la Fiscalía se relata que el 8 de marzo de 2010 el acusado realizó una llamada desde un móvil portugués en el que comunicaba al padre del desaparecido que su hijo se encontraba retenido por la organización que representaba.
Ello motivó el pago de los familiares, dos días después, de 30.000 euros tal y como se exigió.
En concreto, la citada cuantía fue depositada en un buzón de correos de la localidad de Monte Gordo, en el municipio portugués de Vila Real de Santo Antonio, descubriéndose poco después de que se había tratado de un falso rescate.
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